"Como viene siendo habitual los acontecimientos, pese a quien pese, nos vuelven a dar la razón y llegado el día anunciado el servicio no está a punto", ha afirmado Pérez Noriega.
En su opinión , nos encontramos ante "la penúltima entrega del serial" en que se está convirtiendo la puesta en marcha del servicio de transporte urbano en Torrelavega.
A la vista de los acontecimientos, Pérez Noriega ha solicitado al PP que se "abstenga" de hacer más anuncios de implantación y que se "esmere" en poner en marcha el servicio lo antes posible.
"Una vez que lo tenga todo controlado o mejor al día siguiente de la puesta en marcha del servicio -ha añadido- que salga anunciándolo y sacando mil fotografías, pero por favor, que deje de marear al ciudadano, que al final se ve en la obligación de rectificar y la imagen que está dando el Ayuntamiento y, por tanto, toda la Corporación no puede ser positiva", ha señalado.
Para Pérez Noriega, este aplazamiento "contrasta con el anuncio de autobuses gratis durante septiembre realizado por el alcalde en el Pleno celebrado hace una semana y con la fotografía nocturna de dos concejales del Partido Popular al lado de los autobuses y sus manifestaciones en el sentido de que "esta vez si", ya que una semana más tarde "tendrá que desdecirse y decir que ni es gratuito ni se va a probar".
El concejal regionalista también se ha referido a las sanciones que se anunciaron "a bombo y platillo" que se iban a aplicar a la empresa concesionaria a partir del 16 de septiembre y que ahora con el nuevo acuerdo se trasladan al día 1 de octubre.
Un plazo en el que los regionalistas, ha dicho Pérez Noriega, "dudan que se puedan solventar los "numerosos incumplimientos y defectos" que se han encontrado.
"Este intento de poner orden y situar en el tiempo cada cosa", ha añadido, es la que venimos reclamando hace un mes, justo desde que la empresa presentó de forma sorpresiva una solicitud de aplazamiento de 2 meses, y en lugar de trabajar en esa línea, el equipo de gobierno optó por "esperar el paso del tiempo y amenazar con la rescisión para, finalmente, un mes más tarde, admitir un nuevo aplazamiento y dejar sin efecto la amenaza de rescisión que desde la propia Alcaldía se había confirmado para el día 16 de septiembre.
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