El Presidente regional cuestiona el órgano consultivo porque «responde más a criterios políticos que técnicos» y recuerda que ocho de sus miembros fueron nombrados por el bipartito
El presidente Ignacio Diego ha roto el silencio guardado durante 48 horas para arremeter con dureza contra el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno que en menos de una semana ha enmendado los dos únicos acuerdos tomados por el Ejecutivo en materia fiscal: la supresión de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y el de las bolsas de plástico. Con el agravante de que se trataba de compromisos electorales contraídos por el propio Diego con sus votantes.
El presidente se ha lanzado a su ofensiva en toda regla contra el Consejo, un organismo que considera tendencioso porque «responde más a criterios políticos que técnicos», amén de tildar de «disparates» los contenidos del dictamen que se opone a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Pero el ataque no sólo es verbal, porque el Gobierno ha recortado drásticamente el presupuesto de la institución.
Si los consejeros de Economía e Industria, Cristina Mazas y Eduardo Arasti, prefirieron no opinar cuando este periódico les requirió el lunes una valoración sobre los últimos informes del CES, el presidente se lanzó ayer a tumba abierta sobre el díscolo organismo. Diego no sólo anunció la reducción presupuestaria del Consejo, sino que cuestionó el espíritu mismo de sus informes, «siempre condicionados» por quienes lo conforman. Y ello porque, como se encargó de recordar el presidente, ocho de sus 24 miembros son nombrados por el Gobierno, en este caso por el anterior Ejecutivo PSOE-PRC, incluido el presidente del Consejo, el abogado Javier Gómez Acebo.
Para Diego, los dictámenes contrarios a ambos impuestos han revelado ahora «esa tendenciosidad». Sostiene el jefe de Gobierno que, en concreto, el informe jurídico sobre la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones contiene «disparates». Y además considera «un atrevimiento» que el CES diga que eliminar ese impuesto es injusto, cuando los cántabros «mayoritariamente lo han votado», en alusión al apoyo mayoritario de los ciudadanos a su programa electoral, que contenía el compromiso de esa eliminación. «Ellos (los consejeros) han votado en contra porque están nombrados por quien están nombrados», insistió.
El CES está integrado por 25 miembros, ocho de los cuales son nombrados a propuesta del Ejecutivo, en este caso, por el Gobierno bipartito, y el resto por recomendación de los agentes sociales (patronal y sindicatos). Su mandato es por cuatro años, pero el Consejo de Gobierno puede proceder a su renovación cuando lo considere. Diego no ha desvelado si lo hará.
Lo que sí ha confirmado es que reducirá el presupuesto del Consejo. «Claro que se va a recortar. La propia Administración ha recortado sus costes, por necesidad no por vocación», declaró al ser preguntado sobre el asunto en la visita que giró a la fábrica de Nestlé. A su juicio, un órgano consultivo como el CES no puede costarle anualmente a los cántabros 700.000 euros para que «dé buenos consejos, que ni siquiera son siempre buenos». Pero no sólo eso. El presidente relativizó la importancia de este órgano consultivo del Gobierno, con un displicente «su trascendencia es la que es, aportar una opinión». El presidente del CES, Javier Gómez Acebo, eludió hacer declaraciones.
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