Ofensiva del Gobierno regional para doblegar organismos, instituciones y colectivos que se le oponen
Ahora le toca el turno al Consejo Económico y Social de Cantabria (CES) -antes fue la Universidad-. El presidente regional, Ignacio Diego, descalificaba por "tendencioso" al organismo consultivo que acaba de informar desfavorablemente dos medidas fiscales del Ejecutivo: la supresión del impuestos de sucesiones y a tasa ecológica a las bolsas de plástico. Diego acusa al CES de estar politizado y al servicio del anterior Ejecutivo regional.
Al mismo tiempo, su medio de comunicación más próximo, El Mundo de hoy en Cantabria, lanzaba una campaña de descrédito del CES, denunciando en su primera página y con grandes titulares que su presidente cobra 1.700 euros mensuales en dietas (no tiene sueldo, ni gastos de representación). La técnica mafiosa del PP para acallar a los discrepantes ya se puso en marcha cuando el rector de la Universidad de Cantabria discrepó del Gobierno cuando anunció que anularía el concurso eólico. El Ejecutivo rectificó, pero al rector de la UC se le dijo claramente que se metiera en sus cosas y se le amenazó con recortarle el presupuesto, lo que finalmente se ha hecho.
El dinero, la financiación de organismos e instituciones, es el arma con el que cuenta el Gobierno del PP para poner sordina a todos aquellos que discrepan de sus actuaciones. Distintas organizaciones confiesan en privado que, unas veces de forma directa y grosera, otras con más mano izquierda, se les ha dejado claro que o apoyan al Gobierno o la "crisis" haría que sus subvenciones y ayudas fueran rebajadas o reducidas a cero. Ha sido el caso de algunas organizaciones que suscribieron el documento de la deuda que el Ejecutivo pasó a la firma a colectivos ciudadanos antes de mandárselo al presidente del Gobierno de España.
El dinero, la financiación de organismos e instituciones, es el arma con el que cuenta el Gobierno del PP para poner sordina a todos aquellos que discrepan de sus actuaciones. Distintas organizaciones confiesan en privado que, unas veces de forma directa y grosera, otras con más mano izquierda, se les ha dejado claro que o apoyan al Gobierno o la "crisis" haría que sus subvenciones y ayudas fueran rebajadas o reducidas a cero. Ha sido el caso de algunas organizaciones que suscribieron el documento de la deuda que el Ejecutivo pasó a la firma a colectivos ciudadanos antes de mandárselo al presidente del Gobierno de España.
Los sindicatos ni niegan ni confirman que la firma de la nueva concertación social, pendiente de la aprobación de unos prepuestos que no se presentarán hasta después de las elecciones, esté condicionad, pero los últimos sucesos relacionados con el CES, del que forman parte junto a empresarios, entre otros colectivos y personas independiente, les preocupa por lo que supone de 'aviso a navegantes'.
La pasada semana el CES emitió un informe, que no es vinculante, en el que consideraba que la medida electoral anunciada por Diego y que supone la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones era "una grave discriminación social" y originaría "un desigual e injusto reparto de las cargas tributarias". El dictamen en contra de la propuesta del Gobierno fue aprobado con los votos de los representantes sindicales, los independientes y uno de los seis representantes de la CEOE.
La pasada semana el CES emitió un informe, que no es vinculante, en el que consideraba que la medida electoral anunciada por Diego y que supone la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones era "una grave discriminación social" y originaría "un desigual e injusto reparto de las cargas tributarias". El dictamen en contra de la propuesta del Gobierno fue aprobado con los votos de los representantes sindicales, los independientes y uno de los seis representantes de la CEOE.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y a las pocas horas de conocerse el citado acuerdo informaba de que el presupuesto del CES se reducía en un 30% para el próximo ejercicio 2012, pasando de 568.633 euros a 399.130. Pero la gota que colmó el vaso de la paciencia de un Gobierno que no parece aceptar que se le lleve la contraria fue que el CES informase también en contra de la anulación de la tasa ecológica por el uso de bolsas de plástico. Otra promesa electoral del PP.
Ayer el presidente Diego recurrió a los habituales medios de comunicación que le sirven de altavoz para lanzar un ataque en toda regla contra la independencia del CES. Según publica hoy El Diario Montañés el presidente del Gobierno considera que dicho organismo, creado por ley del Parlamento de Cantabria, es "tendencioso" porque "responde más a criterios políticos que técnicos", y destaca que los nombramientos de consejeros los hace el Gobierno, aunque obvia decir que sólo 8 de los 24 integrantes del Consejo deben su cargo al Ejecutivo y que entre ellos se encuentran profesionales de gran prestigio social, profesional y académico. Pero Diego va a más allá y se considera con derecho y capacitado, ejerciendo más de técnico que de político, para tildar de "disparates" los informes del CES sobre el impuesto de sucesiones y la tasa de las bolsas de plástico.
El presidente Diego confirmó, según el rotativo citado, la reducción del presupuesto del CES, aunque fiel a su manejo poco riguroso de las cifras, le situó en 700.000 euros, cuando en realidad es de medio millón. En todo caso el próximo año el CES recibirá algo más de 300.000 euros para su funcionamiento, si es que no se opta por el cierre, como algunos dirigentes del PP proponen, tomando como referencia lo dicho en Castilla-La Mancha, por Dolores de Cospedal.
Para Diego es un "atrevimiento" que el CES califique la supresión del impuesto de Sucesiones de "injusto" porque los cántabros "mayoritariamente lo han votado", en referencia al resultado electoral e su partido el 22 de mayo pasado. No es al primera vez que el PP opone los votos a decisiones que no le son favorables. Los casos más claros han estado relacionados con la corrupción. Para los populares que un político acusado de corrupción, incluso procesado, reciba el apoyo de los votantes, le exonera de toda responsabilidad judicial. El presidente Diego muestra su carácter poco respetuoso son la separación de poderes cuando, según la información de El Diario, afirma que el PP tiene el respaldo de los ciudadanos y a "ellos [los consejeros del CES] han votado en contra porque están nombrados por quien están nombrados".
El presidente Diego relativizó la importancia de este órgano consultivo del Gobierno, con un displicente "su trascendencia es la que es, aportar una opinión". Y sólo para aportar una opinión es discutible que sea necesario. Porque suprimir el CES, si no logra controlarlo, es la siguiente medida que el PP medita. Para crear ambiente utiliza, una vez más, El Mundo de hoy en Cantabria, tribuna desde la que se organizan los linchamientos de los rivales políticos -el última contra Marcano-. En su edición de hoy y a toda página en la primera del citado rotativo destaca la información sobre el cobro de dietas del presidente, el abogado Javier Gómez-Acebo Laso, nombrado en noviembre del pasado año para el cargo.
Ayer el presidente Diego recurrió a los habituales medios de comunicación que le sirven de altavoz para lanzar un ataque en toda regla contra la independencia del CES. Según publica hoy El Diario Montañés el presidente del Gobierno considera que dicho organismo, creado por ley del Parlamento de Cantabria, es "tendencioso" porque "responde más a criterios políticos que técnicos", y destaca que los nombramientos de consejeros los hace el Gobierno, aunque obvia decir que sólo 8 de los 24 integrantes del Consejo deben su cargo al Ejecutivo y que entre ellos se encuentran profesionales de gran prestigio social, profesional y académico. Pero Diego va a más allá y se considera con derecho y capacitado, ejerciendo más de técnico que de político, para tildar de "disparates" los informes del CES sobre el impuesto de sucesiones y la tasa de las bolsas de plástico.
El presidente Diego confirmó, según el rotativo citado, la reducción del presupuesto del CES, aunque fiel a su manejo poco riguroso de las cifras, le situó en 700.000 euros, cuando en realidad es de medio millón. En todo caso el próximo año el CES recibirá algo más de 300.000 euros para su funcionamiento, si es que no se opta por el cierre, como algunos dirigentes del PP proponen, tomando como referencia lo dicho en Castilla-La Mancha, por Dolores de Cospedal.
Para Diego es un "atrevimiento" que el CES califique la supresión del impuesto de Sucesiones de "injusto" porque los cántabros "mayoritariamente lo han votado", en referencia al resultado electoral e su partido el 22 de mayo pasado. No es al primera vez que el PP opone los votos a decisiones que no le son favorables. Los casos más claros han estado relacionados con la corrupción. Para los populares que un político acusado de corrupción, incluso procesado, reciba el apoyo de los votantes, le exonera de toda responsabilidad judicial. El presidente Diego muestra su carácter poco respetuoso son la separación de poderes cuando, según la información de El Diario, afirma que el PP tiene el respaldo de los ciudadanos y a "ellos [los consejeros del CES] han votado en contra porque están nombrados por quien están nombrados".
El presidente Diego relativizó la importancia de este órgano consultivo del Gobierno, con un displicente "su trascendencia es la que es, aportar una opinión". Y sólo para aportar una opinión es discutible que sea necesario. Porque suprimir el CES, si no logra controlarlo, es la siguiente medida que el PP medita. Para crear ambiente utiliza, una vez más, El Mundo de hoy en Cantabria, tribuna desde la que se organizan los linchamientos de los rivales políticos -el última contra Marcano-. En su edición de hoy y a toda página en la primera del citado rotativo destaca la información sobre el cobro de dietas del presidente, el abogado Javier Gómez-Acebo Laso, nombrado en noviembre del pasado año para el cargo.
Una información que parece tener como objetivo desacreditar el CES en la persona de su presidente y así devaluar el contenido de sus informes, para dejar vía libre al PP para proceder bien a su liquidación o bien a su mantenimiento convenientemente domesticado.
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