El endeudamiento de Cantabria ascendía en el primer trimestre de este año a 1.081 millones de euros. Es lo que declaró el pasado martes Ignacio Diego en presencia de los máximos dirigentes de PSOE y PRC, Lola Gorostiaga y Miguel Ángel Revilla, vicepresidenta y presidente, respectivamente, en el anterior Ejecutivo. El dato fue presentado por el jefe del Ejecutivo del PP como la resultante de una trabajosa y decidida investigación del Gobierno para cumplir su compromiso de transparencia y decir la verdad a los cántabros. Pues bien, dichos datos, que según Diego son la prueba de que el anterior Gobierno PRC-PSOE llevó a la región a la ruina, son los mismos que dio a conocer el consejero de Economía y Hacienda en funciones, Ángel Agudo, en su última comparencia publica, el pasado 21 de junio. Agudo presentó el informe elaborado por los servicios técnicos de su departamento sobre el estado de las finanzas regionales y que, anunció, ponía a disposición al ejecutivo entrante. La cifra de endeudamiento es la misma, el desglose de la deuda el mismo y los plazos de amortización también coinciden. Sin embargo, la valoración de Agudo dista mucho de ser la misma que la que hace Diego. Para el actual presidente es la catástrofe, para Agudo son datos que podrían colocar a Cantabria a finales de 2011 como la comunidad autónoma menos endeudada del país.
Si dejamos al margen las valoraciones y opiniones políticas, lo que resulta evidente es que el Gobierno del PP ni ha descubierto agujero o charco alguno, ni ha recibido la herencia insoportable que les de derecho a afirmar, con criterios objetivos, que Cantabria está en quiebra por la mala gestión del anterior Ejecutivo. Los datos que Diego manejó el martes pasado para cargar las culpas en su antecesores eran conocidos y estaban documentados. El Gobierno del PP ni siquiera se ha tenido que molestar en trabajar. Y menos aún hacer investigaciones profundas de la situación, como podría deducirse de algunas afirmaciones del presidente Diego y sus consejeros. En lo tocante al informe entregado el martes a Revilla y Gorostiaga al presidente regional le ha bastado con cortar y pegar. Lo mismo que es un hecho que Diego conocía la existencia de la financiación estructurada que denunció, porque está en los presupuestos de Cantabria que cada año se debaten en el Parlamento, también era conocedor de la deuda actual de la Administración autonómica y la de las empresas públicas, tanto la que está consolidada como la que no. Las discrepancias se producen únicamente cuando se incluyen datos sin contrastar, no oficiales, previsiones e interpretaciones subjetivas.
Pero veamos los datos que el 21 de junio manejó Agudo, como máximo responsable de las finanzas regionales entre 2003 y 2011, y los que presentó este 9 de agosto Diego como fruto del trabajo de investigación de la 'nefasta' herencia recibida en los dos últimos meses, desde que tomó posesión del cargo.
LOS DATOS DE AGUDO (rueda de prensa celebrada el 21 de junio pasado)
- El endeudamiento de Cantabria ascendía en el primer trimestre del año a 1.081 millones de euros a las entidades financieras y 97 millones a proveedores del Servicio Cántabro de Salud -en su mayoría pagos pendientes a la industria farmacéutica por los medicamentos que se dispensan en los hospitales-.
- Respecto a la deuda pública, los 1.081 millones suponen el 7,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria, cuatro puntos por debajo de la media del país. De ellos, 923 millones corresponden a la Administración General de Cantabria; 138 millones a las empresas públicas y 19 a los organismos autónomos. A esta cifra deben añadirse los 200 millones del crédito que acababa de firmar el Gobierno regional y restar la partida de 120 millones de euros que se devolverán antes de que termine este año y los 50 millones de Gesvicán descontados por el Banco de España en abril por discrepancias con el Gobierno.
- El calendario de vencimientos de la deuda en los próximos años establece unas obligaciones bajas en los próximos años y una mayor amortización a partir de 2014, cuando se supone que las condiciones económicas habrán mejorado. Cantabria deberá devolver unos 50 millones anuales entre 2011 y 2013; 150 millones en 2014 y algo más en 2015 y hasta 2019 unos cien millones por año.
LOS DATOS DE DIEGO (informe entregado por el presidente en la cumbre del martes 9 de agosto)
- La deuda consolidada de Cantabria a 31 de marzo de 2011 ascendía a 1.081 millones de euros. El desglose ofrecido es el siguiente: Administración general, 923,2 millones. La suma de la deuda de las empresas públicas que ofrece Diego se concreta en 128,17 millones, correspondiente a Gesvicán (57 millones), 'Sistemas Medioambientales' (22,6 millones), Sodercán (19,5 millones); CEP Cantabria (16,6) y MARE (12,47), diez millones de euros menos que los incluidos en el documento de Agudo, y que pueden responder a otras deudas, que Diego no cualifica, correspondientes a la Fundación Comillas, el Palacio de Festivales y el Consejo de la Mujer, entre otros organismos, que deberían sumarse a los 19 que el anterior consejero identifcaba como deuda de organismos autónomas.
A partir de aquí comienzan las discrepancias, se dan las interpretaciones y se producen algunos ocultamientos. Diego no hace referencia alguna, por ejemplo, a la tesorería del Gobierno, lo que si se incluye en el documento dejado por Agudo. Según este los derechos pendientes de cobro ascendían a 31 de marzo pasado a 88,2 millones de euros, las obligaciones pendientes de pago a 397,8 millones y los fondos líquidos a 130,5 millones. No se incluyen los 200 millones de euros del crédito firmado el junio, que si se incorporase, permitiría, según Agudo, dejar a cero todas las obligaciones de pago y mantener aún 30 millones de euros de tesorería. Agudo no mencionó la deuda no consolidada, a la que si hace referencia Diego, que la sitúa en 123 millones de euros.
El presidente de Cantabria, que parte de la misma cifra de deuda viva que el Gobierno saliente, lo que hace es proyectar un escenario posible, si se dan determinadas circunstancias, pero ya no serían competencia o responsabilidad de los anteriores gobernantes sino suya. Por ejemplo, si se llevasen a cabo los proyectos del ICAF que actualmente están en distintas fases de compromiso y que sumarían 245 millones. Si se ejecutasen dichos proyectos, decisión que le corresponde al Gobierno Diego, y la deuda no consolidada de las empresas públicas (123 millones) se contabilizase como consolidada (no es posible técnicamente, aunque si políticamente), la cifra resultante serían los 1.653 millones de deuda que Diego retiró una y otra vez durante la rueda de Prensa ta sel encuentro con Revilla y Gorostiaga. Las otras cifras, todas superiores, ofrecidas por la prensa amiga, forman parte de la propaganda partidista y no merecen comentario.
Pierde fuerza el argumento de la financiación estructurada, cuyo importe era igualmente conocido por el Gobierno del PP, ya que está en los prepuestos de Cantabria debatidos en el Parlamento cuando los populares se sentaban en los banco de la oposición. Primero Diego criticó dicha fórmula, pero en el documento entregado el martes a los secretarios generales del PRC y PSOE no descarta que pueda recurrirse a ella para financiar determinados proyectos.
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