El otro pleito ‘político’ encargado al abogado Fernández González, hoy consejero, fue el recurso de la Junta Vecinal de Orejo contra el PSIR para la construcción del bunker del Santander, que ya ha sido retirado
El bufete de abogados del que era socio principal el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández González, continúa representando al Ayuntamiento de Liérganes en el recurso contra el concurso eólico. Tres meses después de celebradas las elecciones, y pese al cambio de color político en el Ayuntamiento, que ha dejado de estar gobernado por el PP, sustituido por una coalición PSOE-PRC, todavía se mantiene vivo un pleito que tuvo un origen claramente político -fue ordenado por la dirección del PP y ejecutado por el actual consejero-. El otro pleito ‘político’ encargado al abogado Fernández González, el recurso de la Junta Vecinal de Orejo contra el PSIR para la construcción del bunker del Santander, ya ha sido retirado.
En el Ayuntamiento de Liérganes gobierna desde el 22 de mayo pasado una coalición de socialistas y regionalistas al frente de la cual se encuentra Ramón Diego Cabarga, que concurrió a los comicios en la lista del PSOE. Esta semana, en declaraciones a la Cadena SER, el alcalde confirmaba que aún no había tenido tiempo para revisar si el recurso contra el concurso eólico se mantiene o no. Mientras tanto lo que si se le ha comunicado al ayuntamiento es el cambio del abogado personado en el recurso. Deja se serlo el consejero Fernández González y le sustituye otro integrante de su bufete de abogados.
Mientras tanto el nuevo equipo de gobierno anunciaba esta semana que procederá a revisar la situación. Según afirmó el alcalde, primero debatirá el tema con sus socios del PRC y luego lo llevará al pleno, probablemente en el mes de noviembre. Diego Cabarga expresó, en las mismas declaraciones a la citada radio, su intención de hablar con el Gobierno de Cantabria y, concretamente, con el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, “porque él conoce bien tema, ya que fue el abogado que promovió el recurso, para que nos informe de cuáles son las intenciones del Gobierno», declaró el regidor. El PP, instigador del recurso de Liérganes para atacar al Gobierno PRC-PSOE, anunció, nada más ganas las elecciones, que anularía el concurso, para después matizar su posición y dejar abierta la posibilidad de que se mantengan las asignaciones de potencia una vez se apruebe el nuevo Plan Energético Regional.
La situación es ciertamente atípica. Un ayuntamiento gobernando por los partidos que promovieron el plan eólico pidiendo la opinión al Gobierno de un partido que se opuso frontalmente al concurso. La contradicción es aún mayor cuando se anuncia que se pedirá opinión a quien presentó el recurso, bien es cierto que siguiendo instrucciones del PP, y que actualmente es el de informar sobre una de las cuestiones calves del pleito: el impacto medioambiental de las instalaciones eólicas previstas en el municipio.
El consejero Fernández González es un abogado experto en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad de Oviedo, especializado en temas urbanístico, que ejerció hasta su nombramiento como asesor jurídico del Ayuntamiento de Santander. Fernández González ha mantenido siempre abierto su bufete de abogados, con una mayoría de clientes relacionados con el PP, entre ellos la mayor parte de los Ayuntamientos con problemas urbanísticos. Fernández González, en una de las pocas acciones en defensa de particulares, representó a los propietarios de las viviendas de El Cuco (Piélagos) afectados por la anulación del plan urbanístico y obtuvo en 2010 una sentencia favorable que permitió a sus clientes recuperar el dinero. Fernández González pleiteó contra la empresa constructora, evitando así que hubiera demandas contra el alcalde de la localidad, el popular José Ángel Pacheco, responsable directo de la concesión de la licencia a Fadesa.
La actividad profesional anterior del consejero Fernández González amenaza con provocar embarazosas situaciones legales de complicada interpretación al ser parte interesada en asuntos sobre los que la consejería de Medio Ambiente y Urbanismo tendrá que pronunciarse. Ese es el caso de la tramitación de la declaración de impacto ambiental de los proyectos del Plan Eólico.
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