CANTABRIA.- El Gobierno del PP adopta acuerdos que luego no ejecuta

NUEVA REUNIÓN 'ESPECIAL', 30 DÍAS DESPUÉS DE LA DE LOS SANTOS MÁRTIRES


Ninguna de las decisiones adoptadas hace un mes por un Consejo de Gobierno extraordinario y de máxima urgencia se han ejecutado

Treinta días después del Consejo de Gobierno extraordinario convocado en la jornada festiva de los Santos Mártires, el presidente Ignacio Diego vuelve a convocar una reunión "maratoniana" de su gabinete, que se prolongará durante toda la jornada, para analizar la situación de las finanzas regionales.

Hace un mes el Consejo acordó un recorte de 100 millones de euros en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2011, que se unirían al 'tijeretazo' de 25 millones que ya habían anunciado con anterioridad. Asimismo se informó del acuerdo de aplazar cuatro meses inversiones por importe cercano a los 71 millones de euros.

Ninguna de estas decisiones, de máxima urgencia y obligadas para poder cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Estado y pagar las nóminas de los empleados públicos, según explicó entonces el presidente Diego, se ha ejecutado.

El presidente Diego ha suspendido hoy viernes la agenda de todos su consejeros, con alguna excepción mínima. Pretende llevar a cabo una reunión maratoniana con un único punto del orden del día: análisis de la situación económica y perspectivas para los próximos presupuestos de Cantabria. La reunión se produce 30 días después de otro Consejo de Gobierno presentado como extraordinario, el celebrado en la jornada festiva en Santander de los Santos Mártires, tras el cual el presidente regional anunció drásticas medidas de ahorro para cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Estado y poder atender a los compromisos de pagos con funcionarios y proveedores.

Ninguna de aquellas medidas se ha llevado a efecto.

Todo indica que la reunión de hoy es la disculpa para volver a presentar una situación calamitosa de las cuentas regionales por la 'herencia' recibida. Un nuevo intento de crear un ambiente en la opinión publica que les permita llevar a cabo recortes en políticas sociales. Diego ha insistido en varias ocasiones en las dificultades de cerrar unos presupuestos sin un acuerdo con el Gobierno central para la contraprestación de deudas o sin conocer los Presupuestos Generales del Estado. Disculpas de escaso calado, porque en el caso de la deuda, y tomando como referencia las en principio abultadas cifras manejadas por el Gobierno de Cantabria, la administración central 'debería' a la región menos de 75 millones de euros. En lo referido a los presupuestos del Estado el Gobierno regional ya sabe que se prorrogarán los de este año.

La intención del Gobierno de Cantabria, con maniobras propagandísticas y de imagen como la reunión de hoy, es crear el ambiente propicio que justifique la no presentación de los Presupuestos de Cantabria antes del 31 de octubre, tal como establece la ley. El Ejecutivo del PP no quiere descubrir sus cartas, es decir los recortes que hará en políticas sociales y en el capitulo de salarios de funcionarios, antes de que se celebren las elecciones del 20-N. Si el PP cumpliese su promesa de no tocar ni el sueldo de los funcionarios ni las políticas sociales, el recorte, que podría alcanzar un 12% más con respecto al presupuestos de este año, tendría que hacerse sobre el 30% del total del presupuesto, lo cual no parece posible.

El último año en que no se presentaron en tiempo y forma los presupuestos fue en 1995 con un gobierno de Juan Hormaechea, elegido con el apoyo del PP, pero al que una parte de los diputados conservadores habían retirado su apoyo. El que Cantabria no cuente con unos presupuestos antes del 31 de diciembre tendrá efectos devastadores sobre la economía regional.

Otra de las disculpas del Gobierno para no hacer parte de su trabajo es la aminoración de ingresos prevista, que podrían suponer unos 300 millones menos que en 2011. Sin embargo, el PP insiste, a pesar de su previsión de ingresos a la baja, en no aceptar nuevas vías recaudatorias vía política fiscales, como la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, decidida por el Gobierno de la Nación y aprobada en el Parlamento, y que afecta a las rentas más altas, o el mantenimiento del impuesto de sucesiones para las herencias superiores a un millón de euros, que el PP ha prometido anular.

Los ingresos previstos por los técnicos de Hacienda por la aplicación de las dos cargas impositivas citadas supondría ingresar en las arcas públicas del orden de 50 millones de euros.