EL DIARIO MONTAÑÉS SE HA CONVERTIDO EN EL "VOCERO" DE CONFIANZA DEL PP
No hay información sobre cuál ha sido el método administrativo seguido para la contratación de las empresas auditoras, que tampoco han sido identificadas por el Ejecutivo.
El Gobierno de Cantabria, al contrario de lo que promete, mantiene una política de oscurantismo, carencia de transparencia y falta total de respeto a la verdad. Si acaba de reconocer la realización de auditorías externas en al menos 16 empresas públicas, cuyo objetivo es puramente electoralista, es porque la torpeza de algunos de sus miembros en manejar la información de que disponía hizo imposible mantener por más tiempo el secreto.
La intención del Ejecutivo era utilizar electoralmente las conclusiones de esos trabajos, proporcionado munición a los medios de comunicación afines para atacar a socialistas y regionalistas en la campan electoral del 20-N. Pero la consejera de Presidencia y Justicia utilizó la información de que disponía en unas declaraciones a los medios de comunicación atacando al 112 y criticando la gestión de la Justicia por el anterior Ejecutivo. Al exigírsela explicaciones en el Parlamento, Díaz dijo que eran las conclusiones de una auditoría. Hoy el 'boletín oficioso del Gobierno del PP', El Diario Montañés, confirma la existencia de dichas auditorías.
La primera de las auditorías encargadas fue la realizada en Sodercan. Los miembros del Consejo de Administración recibieron un adelanto la pasada semana durante la reunión en que se decidió la lista de personas a despedir que, probablemente, no se hará pública antes de las elecciones generales. El Gobierno no ha informado de a qué empresa y por qué importe ha sido adjudicada dicha auditoría. Fuentes consultadas por este confidencial señalan que el trabajo fue encargado a un prestigioso bufete nacional con un coste considerable.
Hoy el Diario confirmaba la noticia ya adelantada por otros medios, caso de Aquí Confidencial sobre el encargo de auditorías externas en, al menos 16 empresas públicas, caso de Cantur, MARE, el Servicio de Emergencias 112, la Sociedad Regional del Año Jubilar Lebaniego, y varias sociedades vinculadas a al Grupo Sodercan, como Emcanta (Empresa Cántabra para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías en la Administración).
El citado rotativo, que adjudica la decisión a la Consejería de Presidencia y Justicia que dirige Leticia Díaz, no explica cuál ha sido el método administrativo seguido para la contratación de las empresas auditoras, que tampoco identifica, aunque precisa que las hay de Cantabria y también de fuera de la región. Citando fuentes del Gobierno regional el rotativo del Grupo Vocento señala que se ha buscado ahoorar, calculando que el gasto medio por auditoria será de 17.000 euros.
Fuentes del sector señalan que por ese precio es prácticamente imposible realizar un trabajo profesional y a fondo de las cuentas de sociedades públicas tan complejas. Más bien parece que lo que se pretende es una auditoría contable para salir del paso y de donde desagregar unos cuantos datos llamativos que puedan ser utilizados como munición electoral. Las mismas fuentes ha señalado que es obligado que el Gobierno de el nombre de las empresas contratadas y que estas se hagan responsables del contenido de las auditorias para que tengan validez y evitar su utilización sesgada o partidista.
El Gobierno de Cantabria sigue empeñando en centrar su actividad en la revisión el pasado, sobre la que ofrece información exhaustiva -otra cosa es que la avale documentalmente, más allá de declaraciones a los medios de comunicación- mientras que calla sobre su actuación del presente. A día de hoy, un mes después de anunciar que se habían realizado recortes en el prespuesto por importe de 25 millones de euros, correspondientes a gastos calificado de superfluos, todavía no se ha informado públicamente en qué se ha recortado y a qué nuevos destinos han ido los 25 millones citados. Al parecer del segundo recorte, que según distintas versiones puede ser de 100 millones de euros de gasto, más 71 de inversiones previstas que se suspenden, parece que tratará el Consejo de Gobierno que se celebrará mañana viernes.
ACLARACIONES DE OBJETIVOS
Según la información del Diario el Gobierno espera que los resultados de las auditorías estén listos en el mes de octubre, en plena campaña electoral. Según el articulista los resultados de esas investigaciones servirán al Gobierno del PP "no sólo para acreditar sus continuadas denuncias sobre el despilfarro y la mala gestión de sus antecesores en el Gabinete PRC-PSOE, sino también para acometer con información exhaustiva la redimensión a la baja de las empresas públicas. El Ejecutivo quiere eliminar y/o fusionar sociedades, pero también reducir su personal mediante expedientes de regulación o mecanismos similares".
El entrecomillado corresponde literalmente a la información firmada por el subdirector del DM y portavoz oficioso del PP, Jesús Serrera.
La primera de las auditorías encargadas fue la realizada en Sodercan. Los miembros del Consejo de Administración recibieron un adelanto la pasada semana durante la reunión en que se decidió la lista de personas a despedir que, probablemente, no se hará pública antes de las elecciones generales. El Gobierno no ha informado de a qué empresa y por qué importe ha sido adjudicada dicha auditoría. Fuentes consultadas por este confidencial señalan que el trabajo fue encargado a un prestigioso bufete nacional con un coste considerable.
Hoy el Diario confirmaba la noticia ya adelantada por otros medios, caso de Aquí Confidencial sobre el encargo de auditorías externas en, al menos 16 empresas públicas, caso de Cantur, MARE, el Servicio de Emergencias 112, la Sociedad Regional del Año Jubilar Lebaniego, y varias sociedades vinculadas a al Grupo Sodercan, como Emcanta (Empresa Cántabra para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías en la Administración).
El citado rotativo, que adjudica la decisión a la Consejería de Presidencia y Justicia que dirige Leticia Díaz, no explica cuál ha sido el método administrativo seguido para la contratación de las empresas auditoras, que tampoco identifica, aunque precisa que las hay de Cantabria y también de fuera de la región. Citando fuentes del Gobierno regional el rotativo del Grupo Vocento señala que se ha buscado ahoorar, calculando que el gasto medio por auditoria será de 17.000 euros.
Fuentes del sector señalan que por ese precio es prácticamente imposible realizar un trabajo profesional y a fondo de las cuentas de sociedades públicas tan complejas. Más bien parece que lo que se pretende es una auditoría contable para salir del paso y de donde desagregar unos cuantos datos llamativos que puedan ser utilizados como munición electoral. Las mismas fuentes ha señalado que es obligado que el Gobierno de el nombre de las empresas contratadas y que estas se hagan responsables del contenido de las auditorias para que tengan validez y evitar su utilización sesgada o partidista.
El Gobierno de Cantabria sigue empeñando en centrar su actividad en la revisión el pasado, sobre la que ofrece información exhaustiva -otra cosa es que la avale documentalmente, más allá de declaraciones a los medios de comunicación- mientras que calla sobre su actuación del presente. A día de hoy, un mes después de anunciar que se habían realizado recortes en el prespuesto por importe de 25 millones de euros, correspondientes a gastos calificado de superfluos, todavía no se ha informado públicamente en qué se ha recortado y a qué nuevos destinos han ido los 25 millones citados. Al parecer del segundo recorte, que según distintas versiones puede ser de 100 millones de euros de gasto, más 71 de inversiones previstas que se suspenden, parece que tratará el Consejo de Gobierno que se celebrará mañana viernes.
ACLARACIONES DE OBJETIVOS
Según la información del Diario el Gobierno espera que los resultados de las auditorías estén listos en el mes de octubre, en plena campaña electoral. Según el articulista los resultados de esas investigaciones servirán al Gobierno del PP "no sólo para acreditar sus continuadas denuncias sobre el despilfarro y la mala gestión de sus antecesores en el Gabinete PRC-PSOE, sino también para acometer con información exhaustiva la redimensión a la baja de las empresas públicas. El Ejecutivo quiere eliminar y/o fusionar sociedades, pero también reducir su personal mediante expedientes de regulación o mecanismos similares".
El entrecomillado corresponde literalmente a la información firmada por el subdirector del DM y portavoz oficioso del PP, Jesús Serrera.
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