Según ha informado este lunes la CNC en un comunicado, dicha conducta consistiría en las adopción de acuerdos de fijación de precios y reparto de obras y clientes, tanto públicos como privados, en el sector de la conservación, mejora, refuerzo, renovación, rehabilitación y construcción de firmes y plataformas (carreteras, autovías, etc.).
La Comisión explica que, a la vista de determinada información relacionada con una posible infracción de la normativa de competencia y, en particular, de la Ley de Defensa de la Competencia, la Dirección de Investigación de la CNC inició una "información reservada" tendente a determinar si concurrían las circunstancias que justificasen la incoación de un expediente sancionador.
En el marco de dicha actuación, el pasado 6 de abril se acordó la realización de inspecciones en las sedes de Arruti Santander S.A., Emilio Bolado S.L. y Servicios y Obras del Norte S.A.
Como resultado de ello, la CNC tuvo acceso a determinada información de la que, según dice, puede deducirse la existencia de "indicios racionales" de la comisión, por parte de las seis constructoras citadas, de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.
La Comisión aclara que la incoación de este expediente "no prejuzga" el resultado final de la investigación. Ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNC.
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