viernes, 17 de junio de 2011

VILLAESCUSA.- El ex-alcalde del PSOE, Eduardo Echevarría cree que ha terminado la "farsa" y la alcaldesa debe asumir los costes de la denuncia

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Villaescusa y ex alcalde del municipio Eduardo Echevarría cree que con el auto de la Audiencia Provincial que acuerda archivar la denuncia que le interpuso la actual alcaldesa, la 'popular' Almudena Gutiérrez, ha terminado "la farsa montada con el dinero de los contribuyentes" y reclama ahora que sea Gutiérrez quien asuma de forma personal el coste económico de esa denuncia.



En rueda de prensa, tras conocerse este jueves la decisión judicial, Echevarría ha recalcado que siempre estuvo "tranquilo", porque sabía que la denuncia "no tenía recorrido", pero ahora está además satisfecho, sobre todo por los vecinos afectados, que pueden estar ya "tranquilos", y por el resto de ediles que también fueron denunciados.

El también secretario de Organización de los socialistas cántabros ha recordado que la denuncia (por presunta prevaricación administrativa) se interpuso por supuestas irregularidades urbanísticas, en concreto, relativas a once casos.

Según dice, afectaban, entre otros, a las licencias de ocupación de cuatro viviendas unifamiliares, la anchura de la rampa y los pasillos de los garajes de las viviendas sociales o la devolución de avales al concluir sendas obras.

En sus palabras, se trataba en todos los casos de expedientes "de ninguna trascendencia", en algún caso con "pequeños reparos" de los técnicos municipales, pero en los que la Junta de Gobierno Local tomó la decisión que consideraba "más justa" para los vecinos afectados.

Por ellos es por los que se alegra principalmente el ex alcalde, porque "pueden estar tranquilos" después de que esta denuncia haya "alterado" sus vidas, pese a que "habían cumplido escrupulosamente la normativa".

También se alegra por el resto de ediles denunciados, aunque lamenta que Aurora Saiz Beloqui, fallecida hace algo más de un año, no pueda disfrutar de este momento en el que se ha hecho justicia.

Echevarría ha recalcado que estos casos "no forman parte del club de los derribos de Cantabria", porque "no hay ningún perjudicado". No obstante, el auto de la Audiencia Provincial recalca que el hecho de que los casos no sean de entidad como para justificar un juicio por la vía penal, no quita para que se pueda abrir expediente urbanístico y se ordene ajustar las construcciones a lo estipulado en las licencias.

"CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO"

En cualquier caso, el actual equipo de Gobierno municipal no ha iniciado ninguna actuación administrativa al respecto. Y con ello, en opinión del edil socialista, se demuestra que "lo que pretendían era otro objetivo". De hecho, ha señalado que "no es la primera vez" que le denuncian por la vía penal con la intención de "eliminar al adversario político por la vía del juzgado".

En este sentido, Echevarría ha censurado la "irresponsabilidad" de la alcaldesa, que al llegar al cargo tras la moción de censura, "lejos de ceñirse y centrarse en atender los problemas de los ciudadanos, se concentró en cómo llevar adelante una campaña de desprestigio" del grupo socialista, con "injurias y calumnias".

En su opinión, ahora es el momento de que hagan "alguna declaración de respeto, de marcha atrás de lo que han iniciado y de que resarzan lo que ha sido una persecución a los concejales socialistas".

DEVOLUCIÓN DEL DINERO PÚBLICO

Pero junto a esto, el PSOE pedirá en el Ayuntamiento que Almudena Gutiérrez devuelva el dinero público que se haya utilizado, tanto los 11.500 euros que se pagaron por un informe urbanístico, como los costes que haya supuesto la denuncia, ya que no ha actuado como alcaldesa, sino de forma personal, puesto que el Pleno no ratificó que se presentara la denuncia.

Por lo que respecta al informe urbanístico, Echevarría ha criticado además que fue elaborado por el director jurídico del Ayuntamiento de Santander, Francisco Javier Fernández González, sin contar con la correspondiente autorización de compatibilidad por parte del Pleno del Consistorio santanderino.

Según el concejal socialista, el director jurídico tenía autorización para compatibilizar el cargo municipal con la docencia, pero no con actividades privadas.

Echevarría también se ha referido a la actuación del concejal regionalista Constantino Fernández, que fue responsable de Urbanismo en el pacto con el PSOE y, después, tras la moción de censura, en coalición ya con el PP, refrendó en la Junta de Gobierno Local presentar esta denuncia. "Él mismo decidió denunciarse. No pasará a la historia como el concejal más espabilado del Ayuntamiento de Villaescusa", ha ironizado.

En cualquier caso, el ex alcalde ha recalcado que el auto de la Audiencia "ha sido muy claro" y, además, en el "juicio popular" de las urnas del pasado 22 de mayo los vecinos dieron "la confianza y la mayoría" al PSOE. "La farsa montada con el dinero de los contribuyentes creo que terminó, y espero que no siga por este camino", ha apostillado.

Él, por su parte, tras el archivo de la denuncia, no tiene intención de exigir ahora responsabilidades por la vía judicial porque no es partidario de "judicializar" la vida política.

ALGUNOS DE LOS CASOS DENUNCIADOS

En la rueda de prensa Echevarría ha repasado algunos de los casos que eran objeto de la denuncia, como los de cuatro viviendas unifamiliares en Villanueva y en Obregón (dos en cada caso) promovidas por parejas jóvenes que obtuvieron su licencia, pagaron el impuesto de construcciones y siguieron todos los cauces urbanísticos.

En la denuncia, la alcaldesa cuestionaba la concesión de la licencia de primera ocupación, porque en algunos casos había lo que el ex alcalde considera "pequeños reparos intrascendentes". En su opinión, no darles la licencia de primera ocupación habría supuesto causarles más perjuicio a esas familias y la Junta de Gobierno Local tomó la decisión que les pareció "más justa". "Los políticos tenemos que tomar decisiones y tenemos que ponderar muchas cosas", ha argumentado.

Otros dos casos aluden a la devolución de sendos avales a dos vecinos tras finalizar sus obras, y otro más a la licencia de actividad de los garajes de las viviendas sociales por la anchura de la rampa de acceso y los pasillos de acceso a las plazas.

Eduardo Echevarria


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