La fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, ha comparecido hoy en la Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento regional para presentar la Memoria de la Fiscalía de 2010.
Y en esa comparecencia el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, ha preguntado a Calvo por qué se recoge en la Memoria de la Fiscalía que esa norma que afecta a las viviendas con sentencias de derribo puede generar "inseguridad jurídica".
De la Sierra ha destacado que, al revisar la Memoria, a su grupo le ha llamado la atención esa referencia "no muy positiva" a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que aprobó el Parlamento de Cantabria por unanimidad de los tres grupos (PP, PRC y PSOE) el pasado verano, a fin de tratar de legalizar la situación de viviendas afectadas por sentencias de demolición en los casos en que sea posible.
Por eso, De la Sierra ha pedido a la fiscal superior que aclare el motivo de esa afirmación "tan negativa" y "si en el año de vigencia largo" que tiene esa ley "se ha producido algún caso de inseguridad jurídica".
Según ha puntualizado, de ser así, la norma podría modificarse en lo que hiciera falta.
De la Sierra ha señalado que el PRC "participó activamente" en la redacción de esa ley y, por eso, pidió a la fiscal superior que aclarara esa manifestación en su segunda intervención en la Comisión.
El portavoz regionalista ha recordado que el texto final de esa ley se sometió "a un análisis detenido" y "fue objeto de informes independientes", además de recibir diversas sugerencias.
De la Sierra ha agregado que aspectos recogidos en la ley, como la obligación de publicar en el Boletín Oficial de Cantabria la licencia de primera ocupación, o requisitos como poner "a pie de obra" la copia de la licencia urbanística, "clarifican" y "concretan" el plazo de prescripción de posibles infracciones y establecen el procedimiento para evaluar el cambio de las condiciones paisajísticas que puede llevar a declarar ilegales viviendas.
En su segundo turno de intervención la fiscal ha precisado que la Memoria alude a "conceptos jurídicos indeterminados", que pueden ser "un elemento distorsionador".
María Teresa Calvo Fiscal Jefe
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