La denuncia de la existencia de deudas no declaradas y de desaparición de documentos forma parte de una estrategia diseñada por la dirección nacional del PP y que los dirigentes locales están aplicando a conciencia. A las escandalosas declaraciones de los populares de Castilla-La Mancha, que llegaron a anunciar la quiebra de la comunidad autónoma, les precedieron en el tiempo las del dirigente conservador cántabro, Ignacio Diego, en términos muy parecidos.
Deteriorar la imagen del PSOE y justificar posibles recortes sociales, serían los objetivos buscados con las falsas informaciones.
Deteriorar la imagen del PSOE y justificar posibles recortes sociales, serían los objetivos buscados con las falsas informaciones.
Dolores de Cospedal, presidenta electa de Castilla-La Mancha en sustitución del socialista José María Barreda, guarda silencio, dejando s sus más directos colaboradores que lleven el peso de la campaña de descrédito del ejecutivo saliente. El responsable de Economía del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha insistido en que el PSOE está "ocultando muchos datos" de su gestión en la comunidad autónoma y ha defendido que los datos de la situación económica de la región demuestran que se encuentra en "bancarrota".
En declaraciones a los periodistas tras la celebración de la Junta Directiva Nacional del PP, Marín ha confirmado que están llegando "acusaciones" por parte de funcionarios y de otras personas sobre la destrucción de documentos, antes del traspaso del gobierno, pero ha explicado que quieren "contrastar" estas informaciones. En concreto, ha señalado que se están recibiendo fotografías de "furgonetas con papel destruido y con bolsas fuera de organismos importantes como la sindicatura de cuentas", algo que, al menos, "deja muy a las claras que no hay mucha transparencia y están ocultando muchos datos".
Pese a la gravedad de las acusaciones no ha habido denuncia ante la fiscalía por lo que, caso de estarse produciendo, sería indicio de un presunto delito.
La denuncia no es original. El pasado día 26 de mayo, Diego, el dirigente del PP cántabro y presidente regional electo, expresaba su preocupación por "el movimiento inusual" de camiones y vehículos de carga en dependencias del Gobierno de Cantabria, según, dijo, le han trasladado funcionarios y trabajadores públicos. Diego trivializó el asunto con ironías. “Los comercios que venden trituradoras de papel y discos duros "están haciendo un pingüe negocio".
El dirigente popular concreto aún más la denuncia, señalado que el movimiento de papeles está siendo "intensísimo" en las empresas públicas Sodercan y en Cantur, donde se han visto "columnas de humo y no para hacer señales", dijo, antes de insistir en que así se lo han manifestado "personas responsables que temen que se pierda algo útil para el futuro y el buen gobierno" de la comunidad autónoma.
Pese a la gravedad de los hechos denunciado dos semanas después no hay denuncia alguna presentada.
Diego también se ha referido a la situación económica regional. Antes, durante y después de las elecciones, el presidente electo anuncio auditorías para revelar la existencia de un endeudamiento en la Comunidad Autónoma mayor del declarado. El PP cántabro califica de falsos los datos oficiales, que señalan a Cantabria como una de las regiones menos endeudadas. Diego, no obstante, guarda silencio después de que a iniciativa del consejero de Hacienda, Ángel Agudo, en la única comunicación mantenida entre Gobierno saliente y entrante –porque el PP no ha pedido preparar el traspaso de poderes en ninguna consejería-, fuera consultado sobre la firma de un crédito de 200 millones de euros.
En la operación, agenciada por el Banco Santander y en la que participan, además, Bankia, BBVA, Popular, ICO, Santander, La Caixa y Dexia, tiene un plazo de ocho años, y estaba prevista en los Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2011 y, de hecho, se llevan negociando las condiciones desde enero.
Para Agudo, "el que siete entidades financieras españolas hayan acudido a la convocatoria del Gobierno de Cantabria evidencia la confianza que tienen en el estado de las cuentas públicas, porque esto en otras comunidades no pasa".
Para Agudo, "el que siete entidades financieras españolas hayan acudido a la convocatoria del Gobierno de Cantabria evidencia la confianza que tienen en el estado de las cuentas públicas, porque esto en otras comunidades no pasa".
Que las denuncias forman parte de una estrategia diseñada por Génova para deteriorar la imagen del PSOE lo muestra el hecho de que, en ningún momento se hayan exigido cuentas, ni investigaciones o auditorias, a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, todas ellas con niveles de endeudamiento que superan ampliamente el de la mayoría de las regiones en las que los socialistas han venido gobernando hasta el 22M. Ni en Valencia o Murcia, tampoco en los ayuntamientos de Madrid, o por acercarnos a Cantabria, el consistorio de Santander, todos ellos con el PP al frente, ha habido llamada al orden, pese a presentar un endeudamiento que supera con creces los niveles de déficit marcados por las autoridades europeas para las cuentas del Estado.
Ignacio Diego sigue al pie de letra, las indicaciones de Rajoy y el PP nacional
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