Así se lo ha trasladado este domingo el presidente de la Comunidad, Ignacio Diego, a representantes de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración que engloba a los afectados por derribos, en el transcurso de una reunión que han mantenido, durante casi una hora, en la sede del Gobierno.
Al término del encuentro, en el que también ha participado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, Diego ha explicado a los periodistas que el "compromiso" adquirido por el Ejecutivo con las familias afectadas es "evitar en el mayor número de posible de casos el derribo" por la "incapacidad" de la Administración regional de abordar las indemnizaciones a las que tendrían derecho. "La situación económico financiera impide poder hacer frente a esas indemnizaciones", ha asegurado.
No obstante, para los casos en los que sean "ineludibles" las demoliciones, se van a buscar los procedimientos para indemnizar a los afectados por los daños materiales y morales, esto es, por la pérdida de la vivienda y el daño sufrido hasta ese momento.
El portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha destacado por su parte la "voluntad clara" del Gobierno en general, y de su presidente y consejero de Urbanismo en particular, de "intentar solucionar" el problema.
En este sentido, el representante de los afectados ha reclamado "soluciones reales" a "veinte años de sufrimiento" y se ha mostrado partidario también de evitar el coste de "300 millones de euros" que, según ha dicho, tendrían que pagar "todos los cántabros" para acometer los derribos y hacer frente a las indemnizaciones.
Al término del encuentro, en el que también ha participado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, Diego ha explicado a los periodistas que el "compromiso" adquirido por el Ejecutivo con las familias afectadas es "evitar en el mayor número de posible de casos el derribo" por la "incapacidad" de la Administración regional de abordar las indemnizaciones a las que tendrían derecho. "La situación económico financiera impide poder hacer frente a esas indemnizaciones", ha asegurado.
No obstante, para los casos en los que sean "ineludibles" las demoliciones, se van a buscar los procedimientos para indemnizar a los afectados por los daños materiales y morales, esto es, por la pérdida de la vivienda y el daño sufrido hasta ese momento.
El portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha destacado por su parte la "voluntad clara" del Gobierno en general, y de su presidente y consejero de Urbanismo en particular, de "intentar solucionar" el problema.
En este sentido, el representante de los afectados ha reclamado "soluciones reales" a "veinte años de sufrimiento" y se ha mostrado partidario también de evitar el coste de "300 millones de euros" que, según ha dicho, tendrían que pagar "todos los cántabros" para acometer los derribos y hacer frente a las indemnizaciones.
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