CANTABRIA.- ACPT pide un Consejo de Acción Social para analizar los desahucios de pisos

Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha reclamado hoy la urgente convocatoria del Consejo Municipal de Acción Social para analizar la situación de aquellos ciudadanos afectados por desahucios por no poder pagar sus hipotecas, tal como acordó el pleno de la Corporación hace un mes.

En rueda de prensa, la portavoz de ACPT, Esther García Díaz, ha asegurado que en Torrelavega existen "al menos" cuatro casos de familias que pueden perder sus casas, además de otro, el de una viuda con escasos recursos, que será desahuciada de su domicilio en los próximos días al no poder hacer frente a sus hipotecas.

García ha criticado la "pasividad" del equipo de gobierno del PP en este asunto, que tras apoyar la moción presentada por ACPT y comprometerse a convocar el Consejo de Acción Social "ha dejado pasar el tiempo" sin "mover ni un dedo" ante las "graves situaciones" que se afectan a algunas familias.

Ha reiterado los contenidos de su moción, en especial que se inste al Gobierno central a la modificación de la Ley Hipotecaria, para adoptar medidas necesarias a fin evitar los desahucios por motivos económicos, entre ellas la inclusión de la figura de la dación en pago para casos de embargo relacionados con la residencia habitual.

A su juicio, de ese modo si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda -principal, más intereses y costas judiciales- quedaría liquidada, además de abogar por implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida.

Según la portavoz de ACPT, la reunión del Consejo de Acción Social debe servir para "impulsar" la adopción de medidas en beneficio de las familias más afectadas, máxime cuando en este órgano están representados todos los colectivos sociales que trabajan en la ciudad.

Por otra parte, García ha reclamado al equipo de gobierno del PP la ejecución de un acuerdo plenario adoptado en febrero de 2010, en el cual todos los grupos decidieron aprobaron exigir a las compañías Renfe y ADIF que solicitasen licencia de actividad para su terminal de mercancías en la estación de Tanos.

Según ha explicado, el asunto de la mercancías peligrosas "está de nuevo de actualidad" al haberse construido una viviendas de protección "a escasos metros" de la terminal, algo que a su juicio "agrava el problema" que ya había de la proximidad de casas a la instalación ferroviaria, con el consiguiente peligro.