Desde las filas populares intentaron por todos los medios hacer ver que el candidato socialista quedara fuera de la negociación
La reforma de la Constitución para fijar el criterio básico de estabilidad presupuestaria en las cuentas del Estado, con efecto tanto para al Gobierno de la Nación como para las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, no incluye cifras concretas de déficit, posición mantenida desde el primer momento por el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. El acuerdo alcanzado de madrugada entre PSOE y PP no fue fácil. A media tarde fuentes de los populares acudieron a medios próximos para intentar restar protagonismo a Rubalcaba.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) han alcanzado en la madrugada de este viernes un acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución Española, según el comunicado hecho público por el Grupo Socialista del Congreso.
"El PSOE y el PP entienden que es oportuno en este momento político sentar ya las bases de un acuerdo sobre la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Española, que debe ser aprobada con urgencia antes del 20 de junio de 2012", señala el documento.
Según el acuerdo pactado entre ambos grupos, la Ley Orgánica fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir del año 2020.
Este límite se distribuirá de la siguiente manera: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del PIB nacional, mientras que las Comunidades Autónomas no podrán superar el 0,14 por ciento de su PIB. Por su parte, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
"La Ley Orgánica establecerá los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135", reza el comunicado.
Los límites presentados podrán ser objeto de revisión en 2015 y 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.
"A los efectos del contenido de la citada Ley Orgánica, se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los riesgos de los gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales en los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales", agrega el texto.
De esta manera, ambos grupos parlamentarios --al amparo de lo establecido en los artículos 166 y 167 de la Constitución Española y en el artículo 146.1 del Reglamento de la Cámara-- se dirigen a la mesa del Congreso de los Diputados para presentar la proposición de reforma constitucional.
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