Así lo ha señalado hoy el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, en un receso de la reunión que ha mantenido con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para presentarles las líneas generales del documento.
El plan fijará soluciones para "todos y cada uno" de los casos, con un calendario de actuaciones en cada ayuntamiento, junto con una aproximación del presupuesto necesario para ello.
El Gobierno se lo presentará el próximo 14 de septiembre a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que será la que tenga la última palabra sobre la ejecución de cada una de las sentencias.
A la espera de esa reunión, y por "respeto" a la Sala, el consejero ha preferido no avanzar cuáles son las distintas soluciones que se plantean, aunque ha dejado claro que en algunos casos "no quedará más remedio que derribar" e indemnizar a los propietarios.
En otros, se propondrán modificaciones del planeamiento o la solicitud de nuevas licencias para legalizar las viviendas ya que, en opinión de Fernández, "no parece lógico" demoler urbanizaciones en lugares donde el planeamiento actual permitiría volver a construir al "día siguiente".
Las soluciones para cada urbanización se concretarán en el plan, al igual que los plazos para su ejecución y la estimación presupuestaria.
El horizonte para la conclusión total del plan puede ser, en palabras del consejero, de unos cinco años, pero también de seis o siete, una cuestión que está aún por cerrar.
Javier Fernández ha subrayado que será un plan "realista, que se pueda ejecutar". No obstante, ha recalcado que se trata de una propuesta y que será la Sala de lo Contencioso la que decida en qué medida se puede ejecutar.
Para la elaboración del documento se va a contar con las sugerencias de los ayuntamientos afectados, con los que se está reuniendo el consejero, y de los representantes de los propietarios.
Asimismo, Fernández ha invitado a sumarse a la ronda de encuentros a la asociación ecologista ARCA, impulsora de la mayor parte de los procedimientos judiciales, una reunión que el consejero espera poder celebrar en los primeros días de septiembre.
Tras el encuentro de hoy con la asociación de afectados, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha mostrado la disposición del colectivo para mejorar el plan si tienen aportaciones.
De momento, lo tendrán que estudiar sus asesores, según ha comentado Vilela, quien ha precisado que es la "primera vez" que ven "detalladamente" cómo está la situación de las urbanizaciones.
El presidente de AMA ha destacado la importancia de "clarificar" el futuro de las familias y que conozcan cuál es su "horizonte" y la situación planteada para cada caso.
También ha incidido en la necesidad de que la Ley de Derribos (la modificación de la Ley del Suelo que permite indemnizar a los afectados antes de la demolición) tenga un fondo económico para ser "realmente efectiva".
Según dice, el Gobierno les ha planteado poner 2 ó 3 millones de euros, una cantidad que considera "pequeña", pero espera que sirva para empezar a pagar, entre otras, las indemnizaciones por daños morales que ya han reconocido varias sentencias.
En este sentido, el consejero se ha comprometido a pagar "lo más rápido posible" esas indemnizaciones ya reconocidas por los tribunales, habilitando partidas para ello si fuera necesario.
Por último, Fernández ha trasladado su apoyo a la propuesta de AMA para llevar al Congreso de los Diputados una modificación como la aprobada en Cantabria que permita indemnizar a los afectados antes del derribo de las viviendas. Para el consejero, se trata de una "cuestión de justicia", que apoyará "en la medida de lo posible".
El presidente de AMA ha dicho que es un tema "suficientemente importante" como para que haya una ley estatal, no sólo autonómica, que "rellene" el vacío existente. La asociación espera poder ir a Madrid en septiembre para abordar la propuesta con los portavoces parlamentarios.
El plan fijará soluciones para "todos y cada uno" de los casos, con un calendario de actuaciones en cada ayuntamiento, junto con una aproximación del presupuesto necesario para ello.
El Gobierno se lo presentará el próximo 14 de septiembre a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que será la que tenga la última palabra sobre la ejecución de cada una de las sentencias.
A la espera de esa reunión, y por "respeto" a la Sala, el consejero ha preferido no avanzar cuáles son las distintas soluciones que se plantean, aunque ha dejado claro que en algunos casos "no quedará más remedio que derribar" e indemnizar a los propietarios.
En otros, se propondrán modificaciones del planeamiento o la solicitud de nuevas licencias para legalizar las viviendas ya que, en opinión de Fernández, "no parece lógico" demoler urbanizaciones en lugares donde el planeamiento actual permitiría volver a construir al "día siguiente".
Las soluciones para cada urbanización se concretarán en el plan, al igual que los plazos para su ejecución y la estimación presupuestaria.
El horizonte para la conclusión total del plan puede ser, en palabras del consejero, de unos cinco años, pero también de seis o siete, una cuestión que está aún por cerrar.
Javier Fernández ha subrayado que será un plan "realista, que se pueda ejecutar". No obstante, ha recalcado que se trata de una propuesta y que será la Sala de lo Contencioso la que decida en qué medida se puede ejecutar.
Para la elaboración del documento se va a contar con las sugerencias de los ayuntamientos afectados, con los que se está reuniendo el consejero, y de los representantes de los propietarios.
Asimismo, Fernández ha invitado a sumarse a la ronda de encuentros a la asociación ecologista ARCA, impulsora de la mayor parte de los procedimientos judiciales, una reunión que el consejero espera poder celebrar en los primeros días de septiembre.
Tras el encuentro de hoy con la asociación de afectados, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha mostrado la disposición del colectivo para mejorar el plan si tienen aportaciones.
De momento, lo tendrán que estudiar sus asesores, según ha comentado Vilela, quien ha precisado que es la "primera vez" que ven "detalladamente" cómo está la situación de las urbanizaciones.
El presidente de AMA ha destacado la importancia de "clarificar" el futuro de las familias y que conozcan cuál es su "horizonte" y la situación planteada para cada caso.
También ha incidido en la necesidad de que la Ley de Derribos (la modificación de la Ley del Suelo que permite indemnizar a los afectados antes de la demolición) tenga un fondo económico para ser "realmente efectiva".
Según dice, el Gobierno les ha planteado poner 2 ó 3 millones de euros, una cantidad que considera "pequeña", pero espera que sirva para empezar a pagar, entre otras, las indemnizaciones por daños morales que ya han reconocido varias sentencias.
En este sentido, el consejero se ha comprometido a pagar "lo más rápido posible" esas indemnizaciones ya reconocidas por los tribunales, habilitando partidas para ello si fuera necesario.
Por último, Fernández ha trasladado su apoyo a la propuesta de AMA para llevar al Congreso de los Diputados una modificación como la aprobada en Cantabria que permita indemnizar a los afectados antes del derribo de las viviendas. Para el consejero, se trata de una "cuestión de justicia", que apoyará "en la medida de lo posible".
El presidente de AMA ha dicho que es un tema "suficientemente importante" como para que haya una ley estatal, no sólo autonómica, que "rellene" el vacío existente. La asociación espera poder ir a Madrid en septiembre para abordar la propuesta con los portavoces parlamentarios.
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