La alcaldesa del PP solicitó informes a medida, para posteriormente realizar una adjudicación ahora bajo sospecha
La alcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino, del PP, lleva sólo tres meses en el cargo, pero ya parece haber aprendido algunas de las peores costumbres de los peores políticos. Así y teniendo sobre la mesa una propuesta de la Mesa de Contratación para adjudicar la gestión del Servicio de Aguas a la empresa Acciona, encargó un informe externo a los técnicos municipales, y con él en la mano cambio de criterio y la adjudicación fue para Valoriza, empresa del grupo Sacyr Vallehermoso. El problema es que la consultora que hizo el informe la integran varios ex empleados de la adjudicataria.
La gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Cabezón de la Sal se adjudicó en un pleno municipal por un plazo de 25 años a la empresa Valoriza. La medida se aprobó este jueves en el pleno ordinario con los votos a favor del equipo de Gobierno municipal (PP-PRC) y los votos en contra de socialistas e Izquierda Unida.
La empresa adjudicataria, según declaró la alcaldesa, Esther Merino (PP), ha sido elegida a partir de un segundo estudio, después del que realizara el anterior equipo de Gobierno, encargado a una consultora de Madrid. El informe con el que se propuso la adjudicación a Acciona no era particular sino de los técnicos municipales.
La popular justificó esta elección "porque es la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento y los vecinos del municipio", aseguró y explicó que "una vez realizado el estudio y analizado las diferentes propuestas, estas es la mejor para los intereses de los vecinos de Cabezón". Además, a partir de ahora, matizó, "el Ayuntamiento no tendrá que pagar nada por el agua".
La nueva empresa deberá ingresar en el Consistorio un total de 1.100.000 euros, "lo que descongestionará las arcas municipales", según explicaron los populares. Merino no explicó en el plano las razones de que se hubeira encargo un segundo informe y que este no lo relziarñan los técnicos municipae soino una empresa externa de la que forman parte personas que han trabajado por la nueva concesionariahasta el pasado mes de mayo.
La concejal del PSOE y ex alcaldesa del municipio, Isabel Fernandez, creen que pude existir un posible delito de prevaricación en la adjudicación al obiar la propeusta de la Mesa de Contración "como marca la Ley de Contratos del Sector Públicos".
Claro que anteriormente y con el PSOE en la Alcaldía, pudo pasar un caso similar, pues adjudicaban entonces el concurso del agua a la empresa Acciona, todo ello en base a un informe realizado por una empresa local, de la que se ha constatado que también había trabajado para la citada Acciona.
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