A Ignacio Diego, presidente de la comunidad autónoma, le interesan más los intereses de su partido que los de Cantabria. Así lo refleja la comparecencia de prensa en la que ha puesto fecha exacta a la presentación de los Presupuestos de Cantabria para el año 2012, será el 21 de noviembre, un día después de que los ciudadanos hayan pasado por las urnas.
El objetivo de Diego con este retraso- recordemos que legalmente los presupuestos tendrían que estar presentados el 31 de octubre- es que los ciudadanos cántabros no conozcan los recortes que va a plantear su Ejecutivo para el próximo año y no puedan perjudar en las urnas a Mariano Rajoy.
El presidente regional, Ignacio Diego, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Cantabria presentará los presupuestos de 2012 el próximo 21 de noviembre, un día después de las elecciones generales, y ha asegurado que será "el presupuesto más social de la historia reciente" de la Comunidad Autónoma.
El documento económico bajará en términos generales en torno a un 1% y, según ha asegurado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa, la sanidad subirá un mínimo de 2%, la educación "no sufrirá ningún recorte", la atención a la dependencia aumentará "ligeramente", y las prestaciones y programas sociales subirán "más de un 10%". Además, las inversiones del Gobierno crecerán por encima del 2%, y el Servicio Cántabro de Empleo (SCE) un mínimo de un 5%.
Diego ha afirmado que "si no cumple" estos compromisos está "dispuesto a dimitir e irse para su casa". También ha asegurado que presentando el presupuesto el 21 de noviembre, el Parlamento tiene "tiempo suficiente" para tramitarlo, de forma que el documento económico esté aprobado y publicado a finales de año, por lo que ha pedido responsabilidad a los grupos parlamentarios para lograr este objetivo.
El presidente del Gobierno ha ofrecido esta rueda de prensa para transmitir "certezas" a los ciudadanos y hacer "que se acaben las polémicas estériles y el ánimo de generar incertidumbre de aquellos a quienes les interesa preocupar innecesariamente a los cántabros". Se ha referido así, aunque no explícitamente, a las denuncias de los grupos parlamentarios de la oposición, PRC y PSOE, sobre el incumplimiento de la Ley de Finanzas, que obliga al Gobierno a presentar los presupuestos en el Parlamento antes del 31 de octubre y recuerdan que es la primera vez en 16 años que no se cumple ese precepto.
Diego ha reconocido que este año se da una "situación excepcional de tramitación" pero ha culpado de esa 'excepcionalidad' al Gobierno de Rodríguez Zapatero por su "irresponsabilidad", y ha recordado que el Parlamento suspenderá su actividad del 4 al 21 de noviembre por la campaña electoral, por lo que presentar el presupuesto después de las elecciones "no supone ningún retraso en el calendario de tramitación", dado que no iba a poder debatirse en ningún caso hasta después de las elecciones.
Según ha explicado Diego, el Gobierno ha hecho consultas al Parlamento y sus servicios jurídicos "garantizan que hay tiempo suficiente para que los grupos parlamentarios tramiten y aprueben el presupuesto antes del 31 de diciembre". "La responsabilidad de que el presupuesto se apruebe a tiempo la tienen los grupos parlamentarios", afirmó Diego, que espera que éstos "actúen con responsabilidad y no se dediquen a entorpecer" el proceso.
El presidente del Gobierno ha asegurado que el presupuesto que entrará en vigor el 1 de enero "protege la integridad del Estado de Bienestar" e incluirá inversiones por valor de más de seis millones de euros para políticas de empleo, de los que tres millones se destinarán a iniciativas singulares de empleo para ayudar a las personas con más dificultades de acceso al mercado laboral.
"Será un buen presupuesto a pesar de la coyuntura, un presupuesto coherente que garantiza que no volverá a haber sustos y que permite fomentar la inversión empresarial; un presupuesto con el que el Gobierno cumplirá el objetivo de déficit", aseguró el jefe del Ejecutivo, quien defendió que la decisión de no presentar los presupuestos hasta después de las elecciones "no es una decisión política" sino "un ejercicio de responsabilidad y sentido común" que se produce "por culpa de la irresponsabilidad" del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
En este sentido, puntualizó que el Gobierno socialista no ha hecho presupuestos de 2012 ni ha decretado la prórroga de los de 2011; no ha contestado al requerimiento del Gobierno de Cantabria para aclarar los anticipos a cuenta de la financiación autonómica; "se le ha pedido que clarifique los ingresos de 2012 y nos remite a una reunión a finales de noviembre"; y "no contesta" a la petición de financiar íntegramente Valdecilla ni a la propuesta de compensación de deudas.
Además, considera una "verdadera locura" que el Gobierno de Rodríguez Zapatero calcule en el 2,3% el incremento del PIB en 2012 cuando los organismos económicos "advierten del riesgo de recesión" y ha subrayado que el Gobierno de Cantabria "no puede hacer el presupuesto considerando una previsión que nadie cree salvo el Gobierno socialista". Lo mismo ocurre, ha dicho, con el aumento del 25% en la recaudación por el IVA que el Ministerio de Economía prevé para 2012 en Cantabria.
Diego ha explicado que la Consejería de Economía y Hacienda ha "trabajado en diferentes escenarios políticos y económicos" con la previsión de un crecimiento del 1% del PIB, y ha asegurado que el Gobierno "va a ajustarse el cinturón más y va a racionalizar más el gasto público. Preguntado sobre las áreas en que habrá recortes, ha dicho que lo darán a conocer el 21 de noviembre, y ha reconocido que ha barajado un porcentaje mayor de descenso del presupuesto pero "un trabajo muy afinado" y las "expectativas" a partir del 20N han permitido limitarlo al uno por ciento.
El también presidente del PP de Cantabria tiene la "certeza" de que tras las elecciones del 20N España tendrá un Gobierno "fuerte y estable" y "no quiere ni pensar en otra situación política" que dé lugar a un Gobierno "débil" que, "además, tendría que sumar a su Gobierno a los independentistas, nacionalistas y localistas", un escenario que definió como de "alto riesgo para Cantabria".
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