Un nuevo conato de incendio para el Gobierno de Ignacio Diego. Ahora son los sindicatos de los funcionarios, quienes de manera unánime denuncian la poca transparencia que el Ejecutivo está mostrando con ellos: le han reclamado que facilite la documentación relativa a la concesión de comisiones de servicio, y el silencio ha sido la respuesta.
Con ello, la Junta de Personal pretendía poder denunciar aquellas situaciones que no se ajusten a la legalidad a la hora de ocupar puestos de trabajo.
Todas las fuerzas sindicales que representan al personal funcionario reclaman al Gobierno Regional información relacionada con la concesión de comisiones de servicio. Esta es una documentación que el ejecutivo no ha facilitado desde el año 2007 y que los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer por ley orgánica.
La figura de la comisión de servicio es una fórmula excepcional para ocupar puestos dentro de la Administración Pública. Está sujeta a una serie de requisitos, tiene una duración determinada y sólo prorrogable en supuestos concretos, y es la Administración quien decide otorgarlas o no. Su concesión se debe basar en la necesidad de cubrir el servicio porque no hay otro medio y nunca para colocar a afines o facilitar el ascenso y promoción de trabajadores de manera encubierta.
El anterior Gobierno, sin que haya desaparecido la práctica con el actual, ha dado un importante número de comisiones de servicio sin que la Junta de Personal haya tenido los medios para poder valorar el alcance de las mismas y los criterios utilizados. Esta utilización opaca de la comisión de servicio genera agravios, beneficia a unos pocos, perjudica al resto de los funcionarios, y finalmente acaba dando origen a numerosos recursos y sentencias en los juzgados de lo contencioso administrativo.
La Junta de Personal ha solicitado al Gobierno en repetidas ocasiones información sobre las comisiones de servicio, consciente de que contar con ella es la única forma de conocer y denunciar las posibles irregularidades, obteniendo el silencio por respuesta.
Se trata de una información que el Gobierno dejó de facilitar a los representantes de los trabajadores a partir de 2007, por lo que fue denunciado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con el resultado de una sentencia condenatoria para la Administración. La Ley Orgánica de Libertad Sindical obliga a entregar a los órganos de representación la información requerida.
A día de hoy la sentencia sigue sin cumplirse, y el ejecutivo continúa negando la información a la Junta de Personal, no respondiendo a las peticiones de ésta.
Desde la Junta de Personal funcionario del Gobierno de Cantabria se entendía que el nuevo ejecutivo iba a actuar con transparencia porque así lo ha manifestado públicamente. Tristemente, en esta materia se comprueba con los hechos que el actual Gobierno mantiene la misma línea de actuación que el ejecutivo saliente y que conlleva una vulneración de derechos fundamentales.
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