Ninguna empresa está obligada a optar por la recompra a la que se entiende que solo recurrirá en caso de no poder continuar su actividad
Ninguna de las empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) ha solicitado al parque la recompra de sus instalaciones. Tampoco hay constancia documental de que se haya producido la denuncia o renuncia a los derechos establecidos en los contratos firmados en su día.
El presidente del Gobierno, Ignacio Diego, afirmó el miércoles pasado en la nueva emisora de radio de El Mundo que dos empresas ubicadas en el PCTCAN, cuyo nombre ocultó, habían renunciado a ejercer la cláusula de recompra, un derecho que les asiste pero que únicamente tiene sentido cuando la empresa entra en crisis y se plantea el cese de su actividad. Es posible que el presidente Diego haya confundido la intención manifestada de algunas empresas de continuar su actividad, como respuesta a los rumores generados desde el mismo ejecutivo sobre la situación del parque, con la renuncia a ejercer el derecho de recompra de sus instalaciones, que sólo podría darse con la anulación del anterior contrato y la firma de uno nuevo.
Ninguna empresa está obligada a optar por la recompra a la que se entiende que solo recurrirá en caso de no poder continuar su actividad. La insistencia del presidente regional en que el contrato suscrito por todas las empresas del PCTCAN y la administración de éste le costaría al erario público 55 millones de euros, sólo sería posible si todas las empresas ubicadas en el parque se vieran abocadas al cierre, lo cual no es el caos. En realidad la única que ha expresado su intención de vender ha sido Apia XXI. Es más, y hasta que la operación de venta de dicha empresa fue desvelada por este periódico, nadie barajó la cláusula de recompra y en todo momento la negociación giró en torno a la venta, a precio de mercado, de las instalaciones de la empresa de ingeniería al Gobierno. Una operación que tenía todos los visos de buscar como único objetivo salvar la empresa de un "amigo" en dificultades.
La existencia del contrato, impide, sin embargo, que las empresas instaladas en el Parque puedan especular con su propiedad. Evita, también, que se desvirtúe el significado y objetivos del parque. La empresa ubicada en el PCTCAN que quiera vender sus instalaciones deberá hacerlo a precio tasado, por el valor neto, incluido el suelo, y descontando del precio final la inversión necesaria para la instalación de la nueva empresa. Además la empresa que compra deberá someterse a los mismos trámites y reunir iguales requisitos que el resto de las empresas del parque, así como contar con el visto bueno de la Junta Técnica de la sociedad gestora del PCTCAN.
Las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el contrato firmado entre empresas y PCTCAN, aprobado con Miguel Ángel Pesquera como consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, no fue impugnado por ninguna de las partes implicadas. Ni los empresarios, ni los integrantes del consejo de Sodercan que le dieron el visto bueno y en el que están representados sindicatos, empresarios, Universidad y Cámara de Comercio, además del Gobierno, mostraron la más mínima objeción. La filtración a un periódico amigo de parte del contrato parece tener un único objetivo: servir de cortina de humo para desviar la atención sobre la operación de venta de Apia XXI al Gobierno, cuyas condiciones y dudosa legalidad puso el descubierto este diario digital.
Ninguna empresa está obligada a optar por la recompra a la que se entiende que solo recurrirá en caso de no poder continuar su actividad. La insistencia del presidente regional en que el contrato suscrito por todas las empresas del PCTCAN y la administración de éste le costaría al erario público 55 millones de euros, sólo sería posible si todas las empresas ubicadas en el parque se vieran abocadas al cierre, lo cual no es el caos. En realidad la única que ha expresado su intención de vender ha sido Apia XXI. Es más, y hasta que la operación de venta de dicha empresa fue desvelada por este periódico, nadie barajó la cláusula de recompra y en todo momento la negociación giró en torno a la venta, a precio de mercado, de las instalaciones de la empresa de ingeniería al Gobierno. Una operación que tenía todos los visos de buscar como único objetivo salvar la empresa de un "amigo" en dificultades.
La existencia del contrato, impide, sin embargo, que las empresas instaladas en el Parque puedan especular con su propiedad. Evita, también, que se desvirtúe el significado y objetivos del parque. La empresa ubicada en el PCTCAN que quiera vender sus instalaciones deberá hacerlo a precio tasado, por el valor neto, incluido el suelo, y descontando del precio final la inversión necesaria para la instalación de la nueva empresa. Además la empresa que compra deberá someterse a los mismos trámites y reunir iguales requisitos que el resto de las empresas del parque, así como contar con el visto bueno de la Junta Técnica de la sociedad gestora del PCTCAN.
Las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el contrato firmado entre empresas y PCTCAN, aprobado con Miguel Ángel Pesquera como consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, no fue impugnado por ninguna de las partes implicadas. Ni los empresarios, ni los integrantes del consejo de Sodercan que le dieron el visto bueno y en el que están representados sindicatos, empresarios, Universidad y Cámara de Comercio, además del Gobierno, mostraron la más mínima objeción. La filtración a un periódico amigo de parte del contrato parece tener un único objetivo: servir de cortina de humo para desviar la atención sobre la operación de venta de Apia XXI al Gobierno, cuyas condiciones y dudosa legalidad puso el descubierto este diario digital.
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