La valoración de los edificios, en el caso de la recompra, se deberá calcular sobre el coste neto, incluido el precio de los terrenos, y descontando el importe de las modificaciones del edificio que se precisen para la realización de la nueva actividad
El contrato tipo suscrito por todas las empresas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológica de Cantabria (PCTCAN) únicamente permite dos opciones: la reversión de la propiedad al parque o su venta a un tercero siempre y cuando la operación sea autorizada por la Junta Técnica y el adquirente asuma las mismas exigencias y condiciones vigentes para la empresa que vende. En ningún caso se contempla la posibilidad de una permuta, opción que el presidente Ignacio Diego anunció estar estudiando para materializar la operación con Apia XXI.
Por otra lado la valoración de los edificios, en el caso de la recompra, se deberá calcular sobre el coste neto, incluido el precio de los terrenos, y descontando el importe de las modificaciones del edificio que se precisen para la realización de la nueva actividad. El contrato, que el Gobierno del PP, considera una "barbaridad", se pactó entre las empresas tecnológicas y Gobierno de Cantabria con el objetivo de favorecer la instalación de empresas y evitar que pudiera desvirtuarse el carácter científico y tecnológico del PCTCAN.
El presidente del Gobierno de Cantabria anuncio la pasada semana que propondrá a la empresa Apia XXI la permuta de su edificio en el Parque Científico y Tecnológico de Santander por uno de menor de tamaño de la empresa pública SODERCAN en el mismo recinto. Añadió que trata de una operación que está diseñando la Consejería de Industria con la idea de aglutinar todas sus dependencias en una única sede, y aseguró que aún no ha sido planteada a la empresa porque está "en fase de estudio".
Diego añadió que el Gobierno está renegociando la cláusula de reversión con todas las empresas, a las que agradeció la "actitud positiva" que están mostrando- Diego confesó que "empieza a estar harto de contar disparates del anterior Gobierno".
Fueron la Asociación de Empresas Tecnológicas y la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico quienes negociaron el capitulo de condiciones que regiría la ubicación de las primeras en el PCTCAN.
El acuerdo intentaba conciliar los intereses públicos y los privados. Al Gobierno de Cantabria le interesaba atraer al mayor número posible de empresas tecnológicas al parque y preservar que en ningún caso se pudiera desvirtuar los objetivos que dieron origen proyecto. Para ello se establecieron cláusulas muy restrictivas sobre la propiedad, de la que la empresa adquirente no podría disponer libremente para su enajenación en diez años, así como un limite de la concesión a 25 años, al finalizar el cual las instalaciones de las empresas pasarían a ser propiedad pública. A cambio se estableció una cláusula de recompra en los primeros 10 años, ante la posibilidad de que la empresa pasara por dificultades, así como las condiciones para una venta a terceros.
En el primer caso las condiciones de adquisición por el Parque de la empresa se haría en términos económicos que impiden un beneficio especulativos y en el segundo, con precio libre, sólo puede hacerse si la Junta Técnica del Parque lo autoriza y después de que la empresa compradora pase los mismos filtros que la que vende en cuanto a objetivos y propuesta de actividad.
En ningún apartado del pormenorizado contrato se establece la posibilidad de una permuta tal como planteó esta semana el presidente Diego. El Gobierno del PP, descubierta su operación de compra del edificio que alberga la sede de la empresa de ingeniería Apia XXI, cuyo socio mayoritario es Marcos Pantaleón, ha intentado hacer ver que ese trataba de una operación económica viable y rentable para el Gobierno. Hablar de permuta suaviza las aristas de una compraventa que en principio estaba acortada en 22 millones de euros -la cifra publicada por este mido digital fue reconocida por SODERCAN al diario El Mundo-, más de 10 millones peor encima del valor neto calculado del oficio, más parcela, y sin descontar el coste de la adecuación del edificio a su nueva actividad. Técnicos de la administración señalan que al final precio a pagar a Apia XXI no debería superar los 9 millones de euros.
En un último intento por disimular una operación que nadie duda encierra un 'pelotazo' para salvara los muebles a una empresa amiga, el Gobierno del PP ha intentado hacer ver que el contrato firmado por el PCTCAN y las empresas ubicadas en él hipoteca el futuro del parque y es lesivo para los intereses públicos. Dicho contrato no había sido cuestionado por ninguna de las empresas ni por el consejo de Administración del PCTCAN. En éste, además del Gobierno, se sientan la Universidad de Cantabria, los sindicatos, la patronal cántara, Cámara de Comercio, Caja Cantabria y algún destacado miembro del PP.
Por otra lado la valoración de los edificios, en el caso de la recompra, se deberá calcular sobre el coste neto, incluido el precio de los terrenos, y descontando el importe de las modificaciones del edificio que se precisen para la realización de la nueva actividad. El contrato, que el Gobierno del PP, considera una "barbaridad", se pactó entre las empresas tecnológicas y Gobierno de Cantabria con el objetivo de favorecer la instalación de empresas y evitar que pudiera desvirtuarse el carácter científico y tecnológico del PCTCAN.
El presidente del Gobierno de Cantabria anuncio la pasada semana que propondrá a la empresa Apia XXI la permuta de su edificio en el Parque Científico y Tecnológico de Santander por uno de menor de tamaño de la empresa pública SODERCAN en el mismo recinto. Añadió que trata de una operación que está diseñando la Consejería de Industria con la idea de aglutinar todas sus dependencias en una única sede, y aseguró que aún no ha sido planteada a la empresa porque está "en fase de estudio".
Diego añadió que el Gobierno está renegociando la cláusula de reversión con todas las empresas, a las que agradeció la "actitud positiva" que están mostrando- Diego confesó que "empieza a estar harto de contar disparates del anterior Gobierno".
Fueron la Asociación de Empresas Tecnológicas y la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico quienes negociaron el capitulo de condiciones que regiría la ubicación de las primeras en el PCTCAN.
El acuerdo intentaba conciliar los intereses públicos y los privados. Al Gobierno de Cantabria le interesaba atraer al mayor número posible de empresas tecnológicas al parque y preservar que en ningún caso se pudiera desvirtuar los objetivos que dieron origen proyecto. Para ello se establecieron cláusulas muy restrictivas sobre la propiedad, de la que la empresa adquirente no podría disponer libremente para su enajenación en diez años, así como un limite de la concesión a 25 años, al finalizar el cual las instalaciones de las empresas pasarían a ser propiedad pública. A cambio se estableció una cláusula de recompra en los primeros 10 años, ante la posibilidad de que la empresa pasara por dificultades, así como las condiciones para una venta a terceros.
En el primer caso las condiciones de adquisición por el Parque de la empresa se haría en términos económicos que impiden un beneficio especulativos y en el segundo, con precio libre, sólo puede hacerse si la Junta Técnica del Parque lo autoriza y después de que la empresa compradora pase los mismos filtros que la que vende en cuanto a objetivos y propuesta de actividad.
En ningún apartado del pormenorizado contrato se establece la posibilidad de una permuta tal como planteó esta semana el presidente Diego. El Gobierno del PP, descubierta su operación de compra del edificio que alberga la sede de la empresa de ingeniería Apia XXI, cuyo socio mayoritario es Marcos Pantaleón, ha intentado hacer ver que ese trataba de una operación económica viable y rentable para el Gobierno. Hablar de permuta suaviza las aristas de una compraventa que en principio estaba acortada en 22 millones de euros -la cifra publicada por este mido digital fue reconocida por SODERCAN al diario El Mundo-, más de 10 millones peor encima del valor neto calculado del oficio, más parcela, y sin descontar el coste de la adecuación del edificio a su nueva actividad. Técnicos de la administración señalan que al final precio a pagar a Apia XXI no debería superar los 9 millones de euros.
En un último intento por disimular una operación que nadie duda encierra un 'pelotazo' para salvara los muebles a una empresa amiga, el Gobierno del PP ha intentado hacer ver que el contrato firmado por el PCTCAN y las empresas ubicadas en él hipoteca el futuro del parque y es lesivo para los intereses públicos. Dicho contrato no había sido cuestionado por ninguna de las empresas ni por el consejo de Administración del PCTCAN. En éste, además del Gobierno, se sientan la Universidad de Cantabria, los sindicatos, la patronal cántara, Cámara de Comercio, Caja Cantabria y algún destacado miembro del PP.
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