Canales se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la que ha censurado la actitud de alcaldes y diputados en relación a la ejecución de las sentencias de derribo y ha felicitado en cambio a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por el "difícil" trabajo que está desarrollando pese a las "presiones" del Parlamento.
El presidente de ARCA se ha referido en concreto a los cinco últimos autos que ha dictado la sala desde finales del mes de abril en relación a los procesos de ejecución de sentencias de derribo de 159 viviendas en Argoños y Arnuero.
A su juicio, en esos autos se pone de manifiesto que los alcaldes están "haciendo oídos sordos" y "desobedeciendo claramente" los requerimientos judiciales hasta situarse en una posición "casi de desacato".
Pero lo más importante, en opinión de ARCA, es que esos autos suponen un "varapalo", un "sopapo" y una "bofetada vergonzante" al Parlamento regional porque la Sala no llega a entrar siquiera en el fondo de la ley aprobada por la Cámara para impedir que se derriben viviendas mientras no se haya acordado la indemnización.
Según Canales, el TSJC está diciendo que esa norma --que modifica la Ley del Suelo-- "es absolutamente inservible" algo que, desde su punto de vista, "sabían perfectamente" los parlamentarios cántabros cuando aprobaron el texto, ya que la regulación de la ejecución de sentencias es una competencia del Estado.
En este sentido, ha acusado a los diputados de intentar "engañar" a los compradores para que cesaran sus movilizaciones y para que "no les siguieran a los mítines" durante la pasada campaña electoral.
LOS DERRIBOS SE EJECUTARÁN
Además, ha censurado que la ley es una "intromisión inaceptable" en el poder judicial y supone "vulnerar su independencia de forma clara y manifiesta".
Para el presidente de ARCA se trata de un "auténtico escándalo" que "no es propio de una democracia normal" y "pone de manifiesto que los políticos que están en el Parlamento no están defendiendo los intereses generales, sino que están utilizando la Cámara para sus propios intereses partidistas".
En cualquier caso, y en vista del contenido de esos autos que insisten en la ejecución de los derribos pese a la nueva ley autonómica, Canales está convencido de que todas las sentencias se terminarán ejecutando.
Al menos, la intención de la asociación es hacer "todo lo posible" para que se ejecuten "completamente" todas ellas y, según Canales, "es obvio que se van a acabar derribando" todas esas viviendas.
LOS NUEVOS AUTOS
De los cinco autos que ha dictado la Sala de lo Contencioso en las últimas semanas, cuatro afectan a viviendas en el municipio de Argoños. Los tres primeros se refieren a tres grupos de viviendas (33 en total) en el Camino del Portillo y, en ellos, el TSJC dice que es imposible legalizar las construcciones porque el Ayuntamiento lo ha solicitado fuera de plazo y porque, además, es incompatible con el actual Plan General de Ordenación Urbana.
Asimismo, según ha explicado Canales, la Sala reprocha al Ayuntamiento que sus incidentes de ejecución son en realidad "maniobras dilatorias", y autoriza a Tragsa a solicitar el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado para poder proceder al derribo.
El cuarto auto alude a otras 22 viviendas en la urbanización Las Llamas II (también en el Camino del Portillo, en Argoños) y autoriza de nuevo a Tragsa a recabar el apoyo policial para derribar las viviendas, al tiempo que recuerda al alcalde la obligación de informar sobre los pasos dados para la demolición y le advierte de que, de lo contrario, será sancionado "personalmente" con una multa de 1.500 euros.
Y el quinto auto de la Sala se refiere a las 104 viviendas que quedan en pie en 'Playa La Arena', en Arnuero. En este caso, se recuerda al alcalde que está incumpliendo los plazos para iniciar el derribo (expiró el 28 de marzo) y autoriza a Tragsa para que lo haga.
A estos autos se añade otro sobre el proyecto de la urbanización Santa Marina, en Oyambre, donde aún no se habían llegado a construir las viviendas. El TSJC encomienda de nuevo a Tragsa el derribo de lo ya construido (aceras, calles, servicios, etcétera).
En todos los casos, la Sala solicita además a los respectivos ayuntamientos que informen de su relación de bienes para proceder al correspondiente embargo para pagar a Tragsa los trabajos de derribo.
DESVÍO DE FONDOS
Por último, Canales también se ha referido a la petición que presentó hace dos años la asociación en la Fiscalía para que se investigara un posible delito de malversación en el Ayuntamiento de Argoños por el presunto desvío de fondos destinados a los derribos para realizar otro tipo de inversiones.
Según ha indicado, la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia, pero ha ordenado trasladar el expediente al Tribunal de Cuentas para que estudie si realmente hubo desvío de fondos, lo cual, en opinión de Canales, indica que la Fiscalía ve "indicios" de que pudo ser así.
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