Izquierda Social y Ecologista propone poner en marcha en Cantabria un programa público de empleo que permita contratar en labores de utilidad social, ambiental y comunitaria a los 30.000 desempleados cántabros que no cobran ningún tipo de prestación o sólo perciben subsidios o rentas de inserción.
El candidato de la coalición a la Presidencia regional, José Ángel Herrera, ha presentado este jueves en rueda de prensa este programa, junto con otras medidas a largo plazo para promover cambios estructurales que favorezcan el reparto del empleo.
Según ha explicado Herrera, el programa público de empleo que plantea Izquierda Social y Ecologista es una iniciativa "de acceso voluntario, de carácter universal, sin límite temporal" y con una retribución superior al salario mínimo, financiado entre el Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos.
La idea es que se contrate a esos 30.000 desempleados cántabros para realizar trabajos de utilidad social, ambiental y comunitaria gestionados por los ayuntamientos y controlados por los ciudadanos a través de consejos o asambleas, de forma que las labores encomendadas se puedan ir ajustando a las necesidades de cada barrio o localidad, evitando que se repita lo ocurrido con el Plan E, que llevó "a levantar aceras y aceras".
Tras dejar claro que estos puestos no deben sustituir al empleo público regular, Herrera ha señalado que la implantación del plan sería progresiva, dado el volumen de desempleados actual.
De esta forma, cree que en el primer año se podría llegar a unos 3.000 parados y supondría un coste de 46,8 millones de euros. Y una vez desplegado en su totalidad el programa, se calcula un coste anual de 480 millones. Esa cifra se iría reduciendo a medida que bajaran también las cifras del paro.
Para poder hacer frente al coste de esta medida, Izquierda Social y Ecologista aboga por una reforma fiscal, por la lucha contra el fraude y por "una banca pública que perezca tal nombre".
Y junto a esto, también considera necesario "reestructurar ciertas prioridades de inversión, como las que se han dirigido a proteger a los bancos y cajas de ahorro, al Plan E, a los Planes Renove para la compra de vehículos y electrodomésticos o los despilfarros en propuestas de inversión en medios de transporte insostenibles como el AVE".
"Hay recursos. El problema es cómo se distribuyen y a dónde se orientan", ha subrayado Herrera, quien ha añadido que lo mismo que se ha rescatado a los bancos, el Gobierno debe "rescatar" a los parados convirtiéndose en un "generador de empleo público de último recurso".
REPARTO DEL EMPLEO
De todas maneras, esto es sólo una medida de acción inmediata que, en opinión de Herrera, tiene que completarse con "cambios estructurales a largo plazo" para favorecer el reparto del empleo, por ejemplo, dejando de hacer horas extras para generar más puestos de trabajo.
A su juicio, las políticas activas de empleo, la regulación del mercado laboral y la negociación colectiva deberían estar orientadas a ese reparto del empleo, un concepto que "tiene que estar en todas las políticas".
Por último, otra de las apuestas de Izquierda Social y Ecologista a largo plazo es la de dirigir todos los esfuerzos en materia de empleo hacia sectores económicos que contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la economía sostenible, como la agricultura y ganadería ecológica, las energías renovables, el transporte sostenible, la gestión de zonas forestales, el empleo público ambiental, la rehabilitación de edificios y el turismo.
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