Aviso a navegantes. Cualquiera que se oponga a los designios del Gobierno del PP puede ver su nombre mancillado, su actividad profesional cuestionada y su honorabilidad bajo sospecha. El mecanismo inquisidor del Gobierno que preside Ignacio Diego se puso en marcha contra el catedrático de la Universidad de Cantabria, Jorge Tomillo. El motivo: haberse negado a dar vía libre a una auditoría en la Fundación Comercio Cantabria que, en opinión del profesor universitario, no cumplía los requisitos legales. El 'linchamiento' del catedrático y patrono de la Fundación se puede leer en el periódico conservador El Diario Montañés. Se lanzan sospechas sobre la actividad de La Cátedra Euroamericana de Consumo, dirigida por Tomillo, y las subvenciones recibidas desde la Consejería de Economía desde 2007.
Según publica el periódico convertido en portavoz oficioso del Gobierno del PP el Gobierno PRC-PSOE destinó un total de 688.000 euros en los últimos cinco años en subvenciones al departamento que Tomillo dirige en la Universidad de Cantabria. La información sale a la luz tras la publicación de la posición del catedrático contraria a avalar que se contratara, sin seguir los procedimientos legales establecidos, una auditoría de gestión de la Fundación Comercio. El enfado del Ejecutivo ante las reticencias del patrono de la fundación citada, lo que obligó a dejar sobre la mesa el asunto, fue tal que, incluso, se pidieron explicaciones, al parecer no de muy buenas maneras, al rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez Solana. A este se le exigió "meter en vereda" a Tomillo o que se astuviera a las consecuencias. El rector de la UC ya sabe de que es capaz el Gobierno del PP. Unas declaraciones suyas sobre la transcendencia para Cantabria de los planes eólicos, le valió una reprimenda pública del presidente del Gobierno y la exigencia de que se metiera en su cosas.
La información publicada por el periódico del Grupo Vocento pretende vincular la oposición de Tomillo a la ilegalidad pretendida por el Gobierno a la devolución de favores por un supuesto trato de favor recibido del Gobierno anterior. Desde el Ejecutivo se afirma, siempre según la información del Diario, que la directora general de Consumo acudió a la reunión el patronato "con el requisito totalmente cumplido". Aunque no se precisa a que requisito se refiere se entiende que la alto cargo del Gobierno del PP puso sobre la mesa las tres ofertas que exige la ley de contratos.
Pero es es precisamente lo que las fuentes cercanas a Tomillo niegan. Avalan las reticencias de Tomillo el hecho de que el Gobierno del PP se haya negado a informar de a qué empresas y con qué trámite se han adjudicado las auditorias de gestión, por importe de 17.000 euros cada una, que, de acuerdo con la información del Ejecutivo regional, se están realizando en las consejerías y empresas públicas. Auditores consultados por este diario señalan que el coste por auditoria está por debajo de mercado y que sólo se justificaría esa limitación porque la ley permite que las adjudicaciones por ese precio se puedan hacer directamente y sin concurso.
El único requisito, por otra parte fácil de cumplir, es la presentación de tres ofertas, para que el Gobierno elija una de ellas. Si ha habido algún tipo de irregularidad en la contratación sólo se podrá conocer si el Ejecutivo del PP, cumpliendo sus promesas de transparencia, hoy por hoy inexistentes, hace públicas cuáles son las empresas adjudicatarias y las que presentaron las ofertas finalmente descartadas.
La campaña del Gobierno contra Tomillo hace especial hincapié en las subvenciones recibidas por la Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica de los Consumidores UC-Gobierno de Cantabria, que desde 2007 viene funcionando "como un foro universitario de investigación y desarrollo en materia de protección y defensa de los consumidores desde el punto de vista legal". Su actividad principal se ha desarrollado con trabajos de formación y asesoramiento en materia de consumo en Iberoamérica, tanto en Cuba como en Bolivia, donde han participado activamente en el asesoramiento al Gobierno en la redacción de la ley de consumo.
La campaña del Gobierno contra Tomillo hace especial hincapié en las subvenciones recibidas por la Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica de los Consumidores UC-Gobierno de Cantabria, que desde 2007 viene funcionando "como un foro universitario de investigación y desarrollo en materia de protección y defensa de los consumidores desde el punto de vista legal". Su actividad principal se ha desarrollado con trabajos de formación y asesoramiento en materia de consumo en Iberoamérica, tanto en Cuba como en Bolivia, donde han participado activamente en el asesoramiento al Gobierno en la redacción de la ley de consumo.
En estos momentos trabaja, precisamente en en el último país citado, en la preparación del IV Congreso Iberoamericano de Protección del Consumidor. Todas estas actividades, presentadas ahora bajo sospecha, y que según publica El Diario Montañés el Gobierno se dispone a investigar, han tenido a lo largo de los último años amplia repercusión en los medios de comunicación, incluido el que ahora lanza las sospechas sobre su utilidad, siguiendo, al parecer, las instrucciones del Gobierno para desacreditar la voz crítica del profesor Tomillo.
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