Pues bien, y a pesar del anuncio de una solución al problema y de las criticas a la actuación del anterior Ejecutivo, el Gobierno presidido por Ignacio Diego anunciaba ayer de tabardillo el cierre definitivo de la factoría. Trabajadores y sindicatos, que habían puesto grandes esperanzas de solución ante el cambio de color político del Ejecutivo y las promesas del PP cuando estaba en la oposición, se mostraro desolados.
La decisión adoptada por el Gobierno regional de Diego no aparece en los comunicados oficiales del Ejecutivo. En la información trasmitidas a algunos medios de comunicación próximos a la derecha se insiste en que los 105 trabajadores, que el próximo mes de agosto verán extinguido el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de seis meses, serán recolocados. Pero nada se dice de dónde, cómo y, sobre todo, cuándo. El Ejecutivo regional considera que la inversión necesaria para poner de nuevo en marcha la empresa es inasumible, algo que venía sosteniendo el anterior Ejecutivo, pero que el PP rechazaba, denunciando que se trataba de actitud negativa y abandonaste de los intereses industriales de la comarca del Besaya.
Las cifras oficiosas manejadas ayer por fuentes cercans al Gobierno infla, no obstante, el montante de una posible reapertura de la fábrica, elevando de los 21 millones de euros, previstos en la estimación del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que presidía Luis Egusquiza, a 35 millones. Al parecer esta información fue facilitada ayer por el consejero de Industria, Eduardo Arasti, a los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, respectivamente.
La promesa del Gobierno de recolocar a los 105 trabajadores de la papelera no tiene en cuenta, como ya han denunciado los sindicatos, el empleo inducido y la perdida de una empresa más generadora de riqueza en una comarca, la del Besaya, bastante castigada por la crisia económica.
El derrumbe de la cubierta de la nave de Nueva Pepelera del Besaya, que destruyó la maquinaria, se produjo el 18 de febrero. En estos momentos se está pendiente del litigio con la aseguradora Alianz, que se niega a correr con el gasto de la reposición de la maquinaria destruida, cuestión que muy posiblemente acabará en los tribunales, pero a destiempo para salvar los empleos. La posibilidad de que el Gobierno adelantase el dinero, y reclamase después a la aseguradora, no ha sido contemplada por el presidente Diego.
En una reunión celebrada el pasado día 13 de julio entre los consejeros de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, y de Industria, Eduardo Arasti, con los representantes sindicales, el Ejecutivo del PP se comprometió a estudiar todas las alternativas posibles a la situación por la que atravesaba la empresa. Por su parte, Diego, en su discurso de investidura, calificó la situación de Nueva Papelera como uno de los 'charcos' o 'líos' heredados del anterior ejecutivo PRC-PSOE, comprometiéndose a darle solución. El nuevo presidente regional descalificó su antecesor en el agro, el regionalismo Revilla, porque la "única solución" planteada era "el cierre y la liquidación de la sociedad". El líder del PP que, tanto desde la oposición como ahora en su condición de presidente, siempre se desmarcó de esa actuación, ha terminado asumiendo la misma decisión.
Según los estudios presentados por el Gobierno de Diego la puesta en marcha de Nueva Papelera del Besaya requiere la compra de maquinaria en Italia valorada en cinco millones de euros, cantidad a la que habría que que unir el traslado, el montaje y otros gastos, con lo que la cifra final de la reanudación de la actividad rondaría los 35 millones de euros, cantidad que, en su opinión, hace inviable su reapertura. El anterior Ejecutivo, sin embargo, preveía un coste, incluida también la compra de la maquinaria, de 21 millones, es decir 14 millones de euros que los presupuestados por el Ejecutivo del PP.
La fábrica, mal dirigida y con un fuerte endeudamiento, entró en concurso de acreedores y cerró sus puertas en 2009. El Gobierno de coalición PSOE-PRC encargo al ICAF la búsqueda de soluciones y posibles socios privados. Finalmente se hizo cargo de la papelera el año pasado con la intención de reflotarla. En diciembre de 2010 la empresa reinició sus actividades. Dos meses después, el 18 de febrero de 2011, el derrumbe parcial de la cubierta, que destrozó su maquinaria, paralizó de nuevo a actividad de la empresa, ubicada en el recinto de Sniace.
LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DE DIEGO
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, afirmaba el pasado día 14, que, a diferencia del anterior Gobierno regional, que ya había "liquidado" y determinado el "cierre" de Nueva Papelera del Besaya, el suyo considera esta salida "como la última" y advierte de que "no ha tirado la toalla" en este asunto. Durante su comparecencia en el Parlamento regional para hablar de la conformación de su Gobierno y de los primeros días al frente de él, Diego ha asegurado que, aunque su Ejecutivo no ha logrado aún solucionar el problema, ha asegurado que está trabajando de forma "seria" en buscar salidas a la situación de esta empresa.
"Ustedes lo habían dejado ya resuelto y disuelto", ha subrayado Diego, quien ha explicado que el anterior Ejecutivo regional ya había determinado su cierre y fijado una liquidación de 20 días por año trabajado para cada empleado. Diego ha ironizado sobre la "eficacia" del anterior Gobierno al encontrar una solución a la situación que atraviesa la empresa y que, según ha dicho, no era otra que liquidarla. Sin embargo, ha señalado que los "populares" están "empeñados" en buscar otras salidas distintas a la disolución de Nueva Papelera del Besaya, una alternativa que si se toma es porque no se ha podido encontrar otra.
El comité de empresa de Nueva Papelera de Besaya se había reunido 24 horas ante con la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, y el de Industria, Eduardo Arasti, quienes han expresado a los representantes de los trabajadores su postura frente a este asunto una vez que estudiada toda la documentación al respecto.
La decisión adoptada por el Gobierno regional de Diego no aparece en los comunicados oficiales del Ejecutivo. En la información trasmitidas a algunos medios de comunicación próximos a la derecha se insiste en que los 105 trabajadores, que el próximo mes de agosto verán extinguido el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de seis meses, serán recolocados. Pero nada se dice de dónde, cómo y, sobre todo, cuándo. El Ejecutivo regional considera que la inversión necesaria para poner de nuevo en marcha la empresa es inasumible, algo que venía sosteniendo el anterior Ejecutivo, pero que el PP rechazaba, denunciando que se trataba de actitud negativa y abandonaste de los intereses industriales de la comarca del Besaya.
Las cifras oficiosas manejadas ayer por fuentes cercans al Gobierno infla, no obstante, el montante de una posible reapertura de la fábrica, elevando de los 21 millones de euros, previstos en la estimación del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que presidía Luis Egusquiza, a 35 millones. Al parecer esta información fue facilitada ayer por el consejero de Industria, Eduardo Arasti, a los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, respectivamente.
La promesa del Gobierno de recolocar a los 105 trabajadores de la papelera no tiene en cuenta, como ya han denunciado los sindicatos, el empleo inducido y la perdida de una empresa más generadora de riqueza en una comarca, la del Besaya, bastante castigada por la crisia económica.
El derrumbe de la cubierta de la nave de Nueva Pepelera del Besaya, que destruyó la maquinaria, se produjo el 18 de febrero. En estos momentos se está pendiente del litigio con la aseguradora Alianz, que se niega a correr con el gasto de la reposición de la maquinaria destruida, cuestión que muy posiblemente acabará en los tribunales, pero a destiempo para salvar los empleos. La posibilidad de que el Gobierno adelantase el dinero, y reclamase después a la aseguradora, no ha sido contemplada por el presidente Diego.
En una reunión celebrada el pasado día 13 de julio entre los consejeros de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, y de Industria, Eduardo Arasti, con los representantes sindicales, el Ejecutivo del PP se comprometió a estudiar todas las alternativas posibles a la situación por la que atravesaba la empresa. Por su parte, Diego, en su discurso de investidura, calificó la situación de Nueva Papelera como uno de los 'charcos' o 'líos' heredados del anterior ejecutivo PRC-PSOE, comprometiéndose a darle solución. El nuevo presidente regional descalificó su antecesor en el agro, el regionalismo Revilla, porque la "única solución" planteada era "el cierre y la liquidación de la sociedad". El líder del PP que, tanto desde la oposición como ahora en su condición de presidente, siempre se desmarcó de esa actuación, ha terminado asumiendo la misma decisión.
Según los estudios presentados por el Gobierno de Diego la puesta en marcha de Nueva Papelera del Besaya requiere la compra de maquinaria en Italia valorada en cinco millones de euros, cantidad a la que habría que que unir el traslado, el montaje y otros gastos, con lo que la cifra final de la reanudación de la actividad rondaría los 35 millones de euros, cantidad que, en su opinión, hace inviable su reapertura. El anterior Ejecutivo, sin embargo, preveía un coste, incluida también la compra de la maquinaria, de 21 millones, es decir 14 millones de euros que los presupuestados por el Ejecutivo del PP.
La fábrica, mal dirigida y con un fuerte endeudamiento, entró en concurso de acreedores y cerró sus puertas en 2009. El Gobierno de coalición PSOE-PRC encargo al ICAF la búsqueda de soluciones y posibles socios privados. Finalmente se hizo cargo de la papelera el año pasado con la intención de reflotarla. En diciembre de 2010 la empresa reinició sus actividades. Dos meses después, el 18 de febrero de 2011, el derrumbe parcial de la cubierta, que destrozó su maquinaria, paralizó de nuevo a actividad de la empresa, ubicada en el recinto de Sniace.
LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DE DIEGO
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, afirmaba el pasado día 14, que, a diferencia del anterior Gobierno regional, que ya había "liquidado" y determinado el "cierre" de Nueva Papelera del Besaya, el suyo considera esta salida "como la última" y advierte de que "no ha tirado la toalla" en este asunto. Durante su comparecencia en el Parlamento regional para hablar de la conformación de su Gobierno y de los primeros días al frente de él, Diego ha asegurado que, aunque su Ejecutivo no ha logrado aún solucionar el problema, ha asegurado que está trabajando de forma "seria" en buscar salidas a la situación de esta empresa.
"Ustedes lo habían dejado ya resuelto y disuelto", ha subrayado Diego, quien ha explicado que el anterior Ejecutivo regional ya había determinado su cierre y fijado una liquidación de 20 días por año trabajado para cada empleado. Diego ha ironizado sobre la "eficacia" del anterior Gobierno al encontrar una solución a la situación que atraviesa la empresa y que, según ha dicho, no era otra que liquidarla. Sin embargo, ha señalado que los "populares" están "empeñados" en buscar otras salidas distintas a la disolución de Nueva Papelera del Besaya, una alternativa que si se toma es porque no se ha podido encontrar otra.
El comité de empresa de Nueva Papelera de Besaya se había reunido 24 horas ante con la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, y el de Industria, Eduardo Arasti, quienes han expresado a los representantes de los trabajadores su postura frente a este asunto una vez que estudiada toda la documentación al respecto.
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