Así lo ha indicado Fernández este lunes en declaraciones a los periodistas tras haber mantenido una reunión con el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rafael Losada.
El consejero ha destacado que en ese plan de trabajo, con el que se marcará también un calendario, se abordará de "forma global" cómo la Consejería considera que se puede afrontar el problema de los derribos. Además, espera que el plan se pueda llevar a cabo de forma "consensuada" y con el "acuerdo" de todas las partes.
A este respecto, Fernández ha señalado que si el plan no consigue el acuerdo "absoluto" de todas las partes, será la Sala de lo Contencioso Administrativo quien determine "cuál es la forma en que se va a llevar a cabo la ejecución".
El plan de trabajo considerará "una serie de actuaciones tendentes y dirigidas a la ejecución final de las sentencias", pero estará planteado "a lo largo del tiempo", de "unos cuantos años", ha indicado el consejero, que ha remarcado que en "último término" ha de ser aprobado por la Sala, que es quien finalmente tiene "la competencia" para ejecutar las sentencias.
La Consejería de Medio Ambiente preparará este documento de trabajo a lo largo de los meses de julio, agosto y principios de septiembre, mes en el que mantendrá una reunión con la Sala para exponerle de una forma "más concreta" cómo quiere el Gobierno regional abordar el problema.
Aunque, si este Plan "no le parece bien a la Sala", el proceso tendrá que "someterse a los criterios" de ésta, que es quien tiene el poder para "tomar las decisiones" respecto a la ejecución de las sentencias de derribo, ha reiterado Fernández.
AGILIZAR LOS PGOU
Además, el titular de Medio Ambiente ha destacado que es "pura necesidad", así como "uno de los objetivos" de esta legislatura, "agilizar" los planeamientos urbanísticos de "todos" los ayuntamientos, porque es necesario que éstos puedan contar con PGOUs (Plan de General de Ordenación Urbana) "actualizados, reales y vigentes".
Fernández ha indicado al respecto que los PGOU son instrumentos que pueden servir como "fenómeno de dinamización de la vida económica y social" de los ayuntamientos, y que en los casos de los municipios afectados por sentencias de derribo pueden dar "solución" a alguna cuestión.
En este sentido, se ha referido a la urbanización La Arena de Arnuero, ya que la aprobación del PGOU podría, en "buena medida", ser una "solución inteligente y práctica". Se trata de un caso en el que consejero está "convencido" de que se va a poder llegar a "un acuerdo entre todas las partes", porque se dará solución a "las cuestiones del Ayuntamiento en general y a las de La Arena en particular".
INDEMNIZACIONES
Por otro lado, el consejero ha señalado que las valoraciones de las indemnizaciones se harán "caso a caso", teniendo en cuenta las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de las que, en estos momentos, la Consejería solo tiene "una parte".
A este respecto, Fernández ha dicho que "no puede adelantar una cifra" aún, porque se estaría adelantando a los estudios técnicos, que serán quienes concreten esa cifra, que se dará a conocer a la Sala con el plan de trabajo. Según ha dicho, las valoraciones se plasmarán en el plan porque la financiación es parte del problema de los derribos.
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Además, el consejero ha señalado que no cree que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC sobre la modificación de la Ley del Suelo vaya a dificultar el consenso en el plan de trabajo, porque son "caminos paralelos y distintos".
En este sentido, ha indicado que el hecho de que la Sala haya considerado "conveniente y necesario" plantear la cuestión de inconstitucionalidad "no significa que la ley no pueda aplicarse", por lo que la norma continuará en vigor hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie.
Así, Fernández ha destacado que el Gobierno de Cantabria "no va a utilizar esa demora" para "aparcar la cuestión", sino que va a hacer "lo contrario", es decir, va a utilizar ese tiempo para seguir aplicando norma vigente e "intentar, en ese tiempo, resolver" el problema.
El consejero también ha señalado que tiene la "esperanza" de que la resolución del TC pueda servir "fundamentalmente para el futuro", pero mientras tanto intentará que todos los problemas estén "casi resueltos".
Por último, el titular de Medio Ambiente ha indicado que en el Gobierno de Cantabria son "colaboradores leales" de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es a quien corresponde ejecutar las sentencias, un proceso que ha de hacerse con "absoluto respeto al ordenamiento jurídico, a la totalidad de las normas y a los derechos de los afectados", ha concluido.
El consejero ha destacado que en ese plan de trabajo, con el que se marcará también un calendario, se abordará de "forma global" cómo la Consejería considera que se puede afrontar el problema de los derribos. Además, espera que el plan se pueda llevar a cabo de forma "consensuada" y con el "acuerdo" de todas las partes.
A este respecto, Fernández ha señalado que si el plan no consigue el acuerdo "absoluto" de todas las partes, será la Sala de lo Contencioso Administrativo quien determine "cuál es la forma en que se va a llevar a cabo la ejecución".
El plan de trabajo considerará "una serie de actuaciones tendentes y dirigidas a la ejecución final de las sentencias", pero estará planteado "a lo largo del tiempo", de "unos cuantos años", ha indicado el consejero, que ha remarcado que en "último término" ha de ser aprobado por la Sala, que es quien finalmente tiene "la competencia" para ejecutar las sentencias.
La Consejería de Medio Ambiente preparará este documento de trabajo a lo largo de los meses de julio, agosto y principios de septiembre, mes en el que mantendrá una reunión con la Sala para exponerle de una forma "más concreta" cómo quiere el Gobierno regional abordar el problema.
Aunque, si este Plan "no le parece bien a la Sala", el proceso tendrá que "someterse a los criterios" de ésta, que es quien tiene el poder para "tomar las decisiones" respecto a la ejecución de las sentencias de derribo, ha reiterado Fernández.
AGILIZAR LOS PGOU
Además, el titular de Medio Ambiente ha destacado que es "pura necesidad", así como "uno de los objetivos" de esta legislatura, "agilizar" los planeamientos urbanísticos de "todos" los ayuntamientos, porque es necesario que éstos puedan contar con PGOUs (Plan de General de Ordenación Urbana) "actualizados, reales y vigentes".
Fernández ha indicado al respecto que los PGOU son instrumentos que pueden servir como "fenómeno de dinamización de la vida económica y social" de los ayuntamientos, y que en los casos de los municipios afectados por sentencias de derribo pueden dar "solución" a alguna cuestión.
En este sentido, se ha referido a la urbanización La Arena de Arnuero, ya que la aprobación del PGOU podría, en "buena medida", ser una "solución inteligente y práctica". Se trata de un caso en el que consejero está "convencido" de que se va a poder llegar a "un acuerdo entre todas las partes", porque se dará solución a "las cuestiones del Ayuntamiento en general y a las de La Arena en particular".
INDEMNIZACIONES
Por otro lado, el consejero ha señalado que las valoraciones de las indemnizaciones se harán "caso a caso", teniendo en cuenta las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de las que, en estos momentos, la Consejería solo tiene "una parte".
A este respecto, Fernández ha dicho que "no puede adelantar una cifra" aún, porque se estaría adelantando a los estudios técnicos, que serán quienes concreten esa cifra, que se dará a conocer a la Sala con el plan de trabajo. Según ha dicho, las valoraciones se plasmarán en el plan porque la financiación es parte del problema de los derribos.
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Además, el consejero ha señalado que no cree que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC sobre la modificación de la Ley del Suelo vaya a dificultar el consenso en el plan de trabajo, porque son "caminos paralelos y distintos".
En este sentido, ha indicado que el hecho de que la Sala haya considerado "conveniente y necesario" plantear la cuestión de inconstitucionalidad "no significa que la ley no pueda aplicarse", por lo que la norma continuará en vigor hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie.
Así, Fernández ha destacado que el Gobierno de Cantabria "no va a utilizar esa demora" para "aparcar la cuestión", sino que va a hacer "lo contrario", es decir, va a utilizar ese tiempo para seguir aplicando norma vigente e "intentar, en ese tiempo, resolver" el problema.
El consejero también ha señalado que tiene la "esperanza" de que la resolución del TC pueda servir "fundamentalmente para el futuro", pero mientras tanto intentará que todos los problemas estén "casi resueltos".
Por último, el titular de Medio Ambiente ha indicado que en el Gobierno de Cantabria son "colaboradores leales" de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es a quien corresponde ejecutar las sentencias, un proceso que ha de hacerse con "absoluto respeto al ordenamiento jurídico, a la totalidad de las normas y a los derechos de los afectados", ha concluido.
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